Cuatro jueces de Sevilla niegan sus sentencias a una empresa que vende información a bancos

Cuatro jueces de Sevilla consideran "inconstitucional" facilitar sus sentencias a una empresa -denominada Grupo Interpres, SA, radicada en Madrid- que las utiliza para vender información sobre ciudadanos morosos a bancos y cajas de ahorro. Los titulares de estos juzgados reconocen la publicidad de las sentencias, pero señalan que la actividad de esta empresa está perjudicando ya a algunos ciudadanos, a los que se les han rechazado créditos a pesar de que las resoluciones judiciales adversas se archivaron o no son firmes. Por su parte, Manuel Rosa, apoderado de la empresa Interpres, SA, afirmó ayer que ésta no tiene ningún reparo en modificar las incorrecciones, siempre que el afectado "las demuestre fehacientemente".

De momento, Interpres, SA, está recogiendo sentencias de los juzgados de primera instancia ubicados en las principales ciudades del país. Estos juzgados son los que dilucidan asuntos concernientes a embargos, impagos de letras y reclamaciones de cantidades, entre otras funciones."Están viniendo al juzgado ciudadanos quejándose de que les han rechazado créditos porque aparecen como morosos en el archivo", arguye Rafael Sarazá, titular del Juzgado de Primera Instancia número 10 de Sevilla, uno de los jueces contrarios facilitar sus sentencias.

Sarazá matiza: "No nos oponemos a la publicidad de las sentencias, aunque entendemos que el interés de este grupo no es legítimo, pues recopila datos de sentencias que a veces no son firmes y pueden ser revocadas". Sarazá fundamenta su oposición en la opacidad de esta práctica y en la consiguiente imposibilidad de "rectificar la documentación incorrecta".

Datos falsos sobre morosos

Este juez narra el caso de un vecino de Sevilla al que una entidad financiera ha negado un préstamo amparándose en este tipo de información. "Fue demandado judicialmente por impago de un préstamo, al haberse quedado en paro, pero después, al percibir el desempleo, pagó voluntariamente la cantidad que se le reclamaba. Su sorpresa", relata el juez, "ha sido encontrarse incluido como moroso en la lista del banco. El problema es que existe una laguna legal para obligar a esta empresa, en el supuesto de que se opusiera, a rectificar algún dato", dice el juez.La sociedad Interpres, SA, ha elevado recursos contra cuantos juzgados españoles se han opuesto a facilitarle información. Tanto el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) corno el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han estimado tales recursos, esgrimiendo la publicidad de los fallos judiciales.

El TSJA ha ordenado, de momento, a los titulares de tres de los cuatro juzgados de Sevilla contrarios -en concreto los números 8, 11 y 13- que muestren a Interpres sus fallos judiciales. Aún no está resuelto, sin embargo, el recurso presentado contra el titular del Juzgado número 10, en el que actúa Rafael Sarazá. Fuentes judiciales han indicado que, pese a la orden del TSJA, "hay fórmulas para no dar ese tipo de información". Estas fuentes tildan de "policía bancaria" la actitud de Interpres.

Sarazá subraya que esta práctica atenta "contra la Constitución y contra el derecho interno derivado de la ratificación por parte de España el, 27 de enero de 1984, del convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento informático de datos de carácter personal, firmado en Estrasburgo el 28 de enero de 1981".

Derecho a rectificar

"Si se permitiera a los particulares acceder a ese banco de datos y, en su caso, rectificar los no correctos, no habría ningún inconveniente", agrega Sarazá. No obstante, este juez declara que acatará, como sus compañeros, la resolución que al respecto adopte el TSJA, con sede en Granada o, en su caso, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).Manuel Rosa, apoderado de Interpres, SA, ha señalado que su empresa no tiene ningún reparo en modificar las incorrecciones, siempre que el afectado "las demuestre fehacientemente". Rosa admite que la misión de Interpres consiste en recopilar, para su posterior venta a entidades financieras, toda aquella información referida a "reclamaciones de cantidades, subastas y personas morosas", y que la misma se está facilitando "a la mayoría" de las entidades financieras que actúan en España.

Rosa afirma quede los 17 juzgados civiles de Sevilla, "el porcentaje de jueces" que se niegan a facilitar sus sentencias "es bajo". "Cuando el juez se niega, entonces acudimos a los órganos superiores", razona. Interpres, SA también ha encontrado dificultades con jueces de Barcelona y Pamplona, quienes han tenido que desistir de su actitud por imperativo del CGPJ.