El Gobierno aplaza un año el nuevo catastro ante la protesta popular

La polémica levantada durante las últimas semanas por la revisión de los valores catastrales concluyó ayer con el anuncio realizado por el ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, de anular las notificaciones enviadas hasta ahora a siete millones de propietarios de viviendas y locales y aplazar el envío de los nuevos valores hasta el segundo semestre del año próximo para que entren en vigor en 1992.

Carlos Solchaga, que ayer reconoció haber cometido un error al no informar suficientemente de los efectos fiscales de la revisión, descartó en una conferencia de prensa su dimisión o la de cualquiera de sus colaboradores, y afirmó que, a pesar de "la conmoción social", el objetivo "era y es razonable, por lo que se reafirma, se ratifica y se mantiene".La documentación que recibirán los propietarios de inmuebles durante el segundo semestre de 1991 incluirá, junto con el nuevo valor catastral, dos impresos de declaración jurada para los casos de viviendas protegidas y alquiladas, que evitarán los colapsos producidos los últimos días en las dependencias de algunas comunidades autónomas.

Pese al aplazamiento, el presidente del Partido Popular, José María Aznar, ha manifestado que mantendrán las movilizaciones convocadas contra la revisión del catastro con el fin de conseguir la suspensión de dicha modificación y no tan sólo una prórroga.

El retraso en la aplicación de los nuevos valores catastrales le costará al Ayuntamiento de Madrid casi 14.000 millones de pesetas, justo los que pensaba recaudar el equipo de gobierno de centro-derecha al aplicar un tipo impositivo del 0,18% sobre la tasación oficial demorada.

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Madrid / 1

Editorial en la página 14