Los anunciados embargos por impago de multas de tráfico están por llegar
Los tan temidos embargos de cuentas corrientes por impago de multas de circulación que hace un año anunció el Ayuntamiento aún son un proyecto. La corporación municipal, una vez superado el primer escollo de dar a conocer una medida tan impopular, no ha sido capaz de hacer un solo embargo masivo y se ha limitado a realizar "experiencias piloto", que sólo han permitido ingresar 2.740.000 pesetas. El pasado mes de enero se lograron establecer los mecanismos de este procedimiento. Pero el Ayuntamiento argumenta que no ha terminado de elaborar un soporte ínformático que cuente con garantías jurídicas.
La Empresa de Recaudación Ejecutiva (ERESA) ha tramitado en lo que va de año más de 55.000 diligencias de embargo por impago de tributos, con una recaudación de 838 millones de pesetas. Estos datos contrastan con los obtenidos en el cobro de multas de circulación. Las 188 diligencias tramitadas indican que el número de afectados por este procedimiento ha sido mucho menor.Según fuentes de ERESA, cuando la primera diligencia de embargo queda frustrada, prosigue la búsqueda en todos aquellos bancos en los que el moroso tenga una cuenta corriente. Cada uno de estos intentos es contabilizado como una diligencia. Como resultado de todas estas diligencias el Ayuntamiento ingresó 2.740.000 pesetas.
A finales del pasado mes de enero, el Ayuntamiento anunció que se había dado orden de embargar las cuentas corrientes a 13 de los 20 conductores que entre los meses de julio y septiembre acumularon casi un millar de infracciones.
Estas órdenes de embargo, por un valor total de 2,5 millones, se producían un mes después de que el Ayuntamiento solicitara formalmente a los 128 bancos que operan en Madrid información sobre otros 20.000 infractores con multas acumuladas por un valor total de 160 millones. Los bancos, en cumplimiento de los acuerdos alcanzados, debían indicar al Ayuntamiento si los infractores de la lista tenían o no cuenta corriente en alguna de sus sucursales, como paso previo para que el Ayuntamiento ordenara el embargo por la cuantía de las multas pendientes.
15.000 morosos al mes
En teoría, se ponía así en marcha el procedimiento. Según indicó entonces Luis María Huete, segundo teniente de alcalde, el Avuntamiento iba a limitar sus peticiones mensuales a unos 12.000-15.000 morosos. A finales de enero, Huete aseguró que el Ayuntamiento había recibido ya la respuesta de un centenar de bancos y afirmó que se había pedido al Centro Municipal de Informática (Cemi) el tratamiento de las cintas enviadas por los bancos y la confección de los listados definitivos de embargos operación que podía estar terminada en dos o tres semanas.Las dos o tres semanas se han convertido, sin embargo, en 10 meses, y pueden incluso transformarse en otros 10 meses más nes municipales. El concejal centrista Eduardo Larraz, responsable del área de Circulación y Transportes, reconoció no sabe nada sobre la paralización del procedimiento. "Yo me ocupo de determinar si por una calle se puede circular o aparcar; la Policía Municipal sanciona las in fracciones, y mi labor termina cuando estas sanciones pasan el periodo voluntario y entran en vía ejecutiva".
Larraz no quiso pronunciarse sobre los efectos que para el tráfico supone dejar incompleto el proceso de cobro. El responsable de Circulación, indicó Luis María Huete, era quien podía explicar el porqué no se embargan la cuentas y se negó a hacer cualquier comentario que supusierauna crítica a un compañero de coalición.
Huete, del PP, como responsable de ERESA, reconoció que el retraso se debe a la complicada elaboración por parte del Centro Municipal de Informática (Cemi) del necesario soporte informático. "No depende de mí" dijo Huete, "si no de Régimen Interior y Personal. Es cierto que se ha dado cierta preferencia al procedimiento ordinario, pero no creo que ello suponga un problema. El trámite procesal es largo y lo único que se retrasará será el cobro. Además, por prudencia procesal, no se pueden dar palos de ciego. Pero se está trabajando", indicó Huete.
Carlos Martínez Serrano, del CDS, responsable de Régimen Interior, aseguró, por su parte, que el Cemi -encargado de tramitar la providencia de apremio las notificaciones de embargo y señalamiento de bienes y la orden de embargo- tiene dos problemas "importantes" para completar el proceso. "Hay que definir un proceso técnico muy complejo y conseguir las garantías jurídicas necesarias. Desde enero se han realizado diversas experiencias piloto, pero todavía no tenemos las garantías absolutasde hacerlo bien", aseguró Martínez Serrano.
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