Encarceladas cinco personas detenidas en Gijón y Málaga por falsificar facturas

Cinco de las ocho personas detenidas esta semana en Gijón y en Málaga como supuestos integrantes de una red, con sede en Asturias, dedicada al fraude fiscal mediante la emisión de facturas falseadas, han ingresado en prisión por orden judicial. Fuentes policiales y de Hacienda no descartan nuevas detenciones próximamente en relación con este mismo caso, el segundo de fraude del IVA descubierto en España en el último mes.

El magistrado Ignacio Rafols, titular del juzgado número 3 de Gijón, que entiende en el caso, ordenó el ingreso en prisión de cuatro de los seis detenidos en Asturias, todos ellos empleados en diferentes asesorías fiscales y empresas de la región: Luis Molleda Álvarez, Santiago Luis Álvarez Herrera, Luis Miguel Martínez Sahagún y Julio César Scheilch Fernández, quienes permanecen en la cárcel de El Coto desde la noche de anteayer. Todos ellos, presuntos autores de delitos de falsificación de documentos mercantiles y posibles delitos fiscales, se declararon inocentes de los cargos que se les imputan. Las otras dos personas detenidas en Gijón, los hermanos Juan y Pedro Sánchez Sánchez, propietarios de la empresa Sagusa, fueron puestos en libertad bajo fianza. Ambos habían sido las primeras personas detenidas a resultas de la investigación realizada por inspectores de Hacienda y por la brigada de delitos económicos de la policía judicial de Gijón. Sus declaraciones han sido determinantes, según ha trascendido, para el progreso de las pesquisas.

Red de fraude

Uno de los dos detenidos en Málaga, el empresario gijonés Carlos Busto García, propietario de la empresa DEBUSA, registrada en Oviedo y radicada en un polígono industrial de la capital malagueña, ha ingresado también en la prisión de la capital andaluza mientras que su ex socio, apellidado Álvarez, fue puesto en libertad tras comprobarse que no mantiene relación alguna con la red de fraude fiscal descubierta, informa José Manuel Ateinza.

Aunque Carlos Busto ha sido identificado como uno de los principales organizadores de la trama, en medios de la investigación no se descarta la próxima detención de otras personas con gran relevancia en esta red. Todo apunta a que el monto de lo defraudado podría rondar o aun superar los 4.000 millones de pesetas.

Las investigaciones se dirigen también a identificar a las empresas que compraban las facturas falsas para reducir su tributación de IVA, así como del impuesto de sociedades. Se da por seguro que dichas facturas fueron adquiridas por un cierto número de empresas asturianas pero también por sociedades de otras provincias como Navarra y Málaga, sin que se descarten otras ramificaciones.