Los teléfonos del alcalde, dos ediles y otros funcionarios estaban 'pinchados'
Los teléfonos del alcalde de San Sebastián de los Reyes, Adolfo Conde, así como los de sus concejales de confianza, José Luis Guindo y Manuel Arroyo, y de diversos funcionarios relevantes, han estado intervenidos, según un informe de una empresa de sistemas de seguridad en comunicaciones y contramedidas al que ha tenido acceso EL PAÍS. El informe, elaborado por dicha empresa los días 8 y 14 de noviembre, revela "intervenciones"' anómalas en el repartidor de líneas interiores situado junto a la centralita telefónica, ubicada en el garaje del edificio municipal, que fue precintada ayer por la policía local. Esta instalación está desprotegida y es "fácilmente manipulable" por el personal del Ayuntamiento, según este documento, que recomienda reforzar las medidas de seguridad.
Las conclusiones del estudio ponen de manifiesto que siete extensiones del edificio municipal estaban pinchadas; el repartidor de líneas interiores, manipulado, y diversos cables, cortados precipitadamente. Asimismo se refleja que una tapa de registro se en contró semiarrancada, dejando a la vista cables de extensiones correspondientes, entre otras, a la del departamento de personal, la Delegación de Sanidad y Consumo.
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Un teléfono fue manipulado para grabar conversaciones
Viene de la página 1Las placas de control de varios aparatos presentan "soldaduras añadidas" que indican que han sido realizadas para la "conexión de algún elemento conductor".
El informe afirma que el terminal telefónico del despacho de uno de los ediles recientemente sustituido por el alcalde estaba preparado para la "escucha y/o grabación de las conversaciones que se efectuaran a través de la centralita a la que estaba conectado". El documento destaca que la escucha o grabación la efectuaban manualmente personas no especializadas en telecomunicaciones.
Se da la circunstancia de que los concejales destituidos por el alcalde el pasado 4 de septiembre, Agustín Sacristán y José Luis Blanco, no abandonaron sus despachos de la primera planta del edificio municipal hasta 35 días después de la orden.
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