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Tribuna:

Viajeros para el déficit

El autor se opone a la subvención del transporte público planteada por José Borrell y Antonio Zabalza como solución a los problemas del tráfico en las grandes ciudades. A cambio, propone que se invierta en infraestructura.

Un artículo de J. Borrell y A. Zabalza publicado en estas mismas páginas (EL PAÍS, 16 de noviembre) con el título Viajeros contra el déficit planteaba la función de los contratos-programa como respuesta de la Administración al acuciante problema del tráfico en las grandes urbes, como Madrid y Barcelona.Este viejo problema no se le escapa a nadie. Todos lo sufrimos de una u otra manera. Los autores del citado artículo, partiendo del reconocimiento de lo obvio, exponen la causa de la conflictividad del tráfico, que no es otra que el uso individual de vehículos. Detectan que esta forma de utilización privada de los automóviles es más alta en España que en otros países europeos. Constatan, como resultado, que el coste económico alcanza a todos, por el impacto que recae sobre nuestra economía por efecto de un excesivo gasto energético, y, por tanto, la repercusión sobre nuestras divisas. La solución que defienden, y que se condensa en los llamados contratos-programa, tiene como objetivo mejorar el tráfico, y con él, la calidad de vida. El medio es la subvención del transporte colectivo. Como se puede apreciar a primera vista, la delimitación del objeto-problema, los fines y los medios parecen consecuentes. El resultado apetecido es incuestionable y deseado. Tiene todas las ventajas. Gastamos menos, racionalizamos los recursos y vivimos mejor. ¿Se puede pedir más? En principio no, pero la cuestión, tal y como la plantean Borrell y Zabalza, es más complicada y merece otras consideraciones.

Si los españoles utilizamos individualmente más el coche que los habitantes de otros países europeos es porque estar en el mismo continente y formar parte de un grupo de naciones con sistemas políticos y económicos similares no implica identidad. También comemos a otras horas y tenemos otras costumbres y otros condicionamientos. Buscar la igualdad en lo diverso es una simple muestra de falta de sensibilidad. La ecuación hablar de Europa y ser progresista no siempre es válida. Además no se puede olvidar que nuestra Constitución defiende el derecho a circular libremente por el territorio nacional (artículo 19.1). Cada cual se traslada en el medio que libremente elige. No hacen falta dirigismos gubernamentales que hoy serían criticados hasta en la Unión Soviética. Si los ciudadanos quieren utilizar su vehículo para transportarse, aunque sólo vaya ocupado por el conductor, tienen todo el derecho a hacerlo.

Los poderes públicos tienen que defender las preferencias de los ciudadanos, y respetando sus criterios, que no tienen por qué ser peores que los de nuestros gobernantes, subsanar los impedimentos materiales para que aquéllos puedan transportarse a su libre gusto.

La subvención al transporte público no es una medida política neutra. Tiene unos destinatarios precisos: los trabajadores. Aquí Borrell no considera que quien vive en los barrios periféricos usa el coche porque, en muchos casos, con cualquier combinación de transporte público, por eficaz que sea, se tarda más y se llega peor. Una sociedad avanzada y diversificada, porque así lo permiten los medios técnicos, hace posible que muchos conductores escuchen las noticias de la emisora de su preferencia o la música que les gusta mientras conducen. No tienen que hacer transbordos ni mojarse cuando llueve. Cada vez más coches llevan aire acondicionado. No hay que esperar a que llegue el medio de locomoción, ni esperar colas. ¿Por qué no respetan los comportamientos de los otros y su forma de vida? ¿Por qué, en vez de incrementar la subvención, no se invierte en realizar las obras necesarias de infraestructura que precisan las grandes ciudades para mejorar el tráfico?

Populismo paternalista

Esta medida que ahora se pone en marcha tiene todos los visos de un populismo paternalista impropio de estos tiempos, y dirigido a aquellos que, por sus medios de vida, ya tienen una peor situación. José Borrell o los miembros del Gobierno, ¿irán en transporte colectivo cuando no estén en sus actuales cargos? ¿Por qué llevar a otros lo que uno no está dispuesto a practicar ni lo ha hecho antes?

Lo que no es bueno para uno tampoco lo es para los demás.

José Borrell se olvida de que el presidente del Gobierno, Felipe González, dijo hace ya algunos años que todos los españoles queríamos ir en Mercedes. ¿Tanto han cambiado las cosas para que ahora nos manden a todos al metro?

La argumentación económica de Borrell es falsa. Es cierto que usando el transporte colectivo se ahorra combustible, lo que siempre ayudará a equilibrar nuestra balanza de pagos. Pero no han pensado qué ocurriría con el sector del automóvil. Tenemos todavía un parque de automóviles muy viejo. El dejar los coches aparcados sería un incentivo a no cambiarlos. ¿Qué pensarían los que trabajan en talleres de reparación de coches si descendiese el número de vehículos averiados? Las refinerías también producen aceites de motor y otros lubricantes. Se venderían menos neumáticos. Sobrarían empleados en las gasolineras. Todos estos costes son tan reales como los que arroja "el despilfarro energético" del uso individual del coche. Hay que tener en cuenta que con obras de infraestructura adecuadas se ahorrarían atascos, y con la disminución del uso de las marchas cortas también disminuiría el gasto de combustible.

Sólo se puede hablar de despilfarro cuando la Administración es la primera en dar ejemplo, y éste no es el caso.

Si para solventar el problema del tráfico, por uno u otro camino, se produce un gasto, quiere decirse que se trata de una opción de la Administración y no de un axioma ineluctable.

La subvención del transporte público contenida en los contratos-programa costará 175.000 millones que aportará el Estado, a los que hay que añadir 160.000 millones de los consorcios de transportes de Madrid y Barcelona. Y no serán utilizados para lo que desean los ciudadanos, que no es otra cosa que trasladarse rápida y cómodamente en sus coches. Esta medida evidencia que se ha saltado olímpicamente el precepto constitucional contenido en el artículo 31.2, que impone los criterios de eficacia y economía en la programación y ejecución de] gasto público.

No hay que preocuparse excesivamente porque sólo se perderán unos cuantos cientos de miles de millones en algo que los españoles no haremos, como tampoco lo hará José Borrell. La subvención quiere decir viajeros para el déficit.

Jesús Neira es profesor de Teoría del Estado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Complutense.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 21 de noviembre de 1990

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