Lerma deberá explicar en el juicio del 'caso Calpe' si se interesó por una recalificación

El presidente de la Generalitat, Joan Lerma, contestará como testigo del llamado caso Calpe a un cuestionario de 11 preguntas formuladas por la representación letrada de uno de los acusados. Lerma deberá explicar los motivos de la supuesta llamada al ex consejero de Obras Públicas Rafael Blasco realizada el pasado mes de julio de 1989, y precisar si mostró interés por la calificación de las Salinas de Calpe. Lerma deberá contestar, igualmente, si oyó las grabaciones que el fiscal ordenó por este tema, y a través de quién tuvo conocimiento de la investigación.

Joan Lerma, en su calidad de presidente de la Generalitat, deberá pronunciarse sobre las conversaciones mantenidas con la ex alcaldesa socialista de Calpe, Violeta Rivera, sobre la recalificación de la zona de las Salinas y se verá obligado a precisar si le dió indicaciones "sobre la estimación del recurso interpuesto por los propietarios de Las Salinas".El cuestionario requiere a Lerma, igualmente, sobre la supuesta llamada realizada el día 18 ó 19 de julio de 1989 a Rafael Blasco "interesándose por la calificación urbanística de Las Salinas de Calpe".

Lerma deberá explicar, asimismo, "si dió indicaciones a la ex directora general de Urbanismo, Blanca Blanquer, para que fuera estimado el recurso planteado contra la resolución de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante, por la que se aprobó el Plan General de Urbanismo de dicha ciudad".

El cuestionario de 11 preguntas admitido por el Tribunal incluye la petición de que Lerma se pronuncie sobre sus relaciones con los empresarios Javier García y Asensio José Pastor, que denunciaron en su día el intento de soborno que dió origen al llamado caso Calpe.

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Enrique Beltrán, considera probado que los citados empresarios recibieron de algunos de los procesados en el caso Calpe la petición de una entrega de dinero, -que inicialmente fue de 500 millones de pesetas-, a cambio de una recalificación urbanística en la zona denominada como Las Salinas de Calpe para que fuera urbanizable. Los citados empresarios denunciaron el supuesto intento de sobomo a la ex directora general de Urbanismo, Blanca Blanquer, que puso el hecho en conocimiento del Presidente de la Generalitat. Joan Lerma destituyó, días después a Rafael Blasco como consejero de Obras Públicas como "medida de prudencia", a pesar de que el ex consejero no aparecía inculpado en las diligencias.