Malos consejos

OBEDIENTEMENTE, LOS nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han elegido como presidente al candidato del partido del Gobierno. El hecho de mantener la buena conciencia mediante la presentación formal de varias candidaturas, e incluso de que se hayan dado algunos votos testimoniales para ellas, no hace sino resaltar que todo, quizá hasta la disidencia controlada, estaba previsto.Es probable que el elegido no desmerezca de otros candidatos. Pero debería preocuparle que nunca se sepa si en su elección ha contado de modo determinante su valía profesional y personal y su adecuación a los requisitos legales exigidos para el ejercicio de la función, o, por el contrario, el compromiso expreso o tácito previamente adquirido por sus electores a cambio de su inclusión en la lista parlamentaria de consejeros.

Esta falta de autonomía para la libre designación del presidente culmina un proceso de elección parlamentaria del CGPJ gravemente desfigurado por los criterios de cuotas de poder y afinidad ideológica impuestos por los partidos. El resultado es que el nuevo CGPJ nace con un déficit de legitimidad ante los jueces sobre los que ha de ejercer sus facultades. Inevitablemente, esta falta de autoridad repercutirá en la deslegitimación del poder judicial ante la sociedad.

Las fuentes de legitimación democrática del poder judicial -sujeción estricta a la ley y capacidad para hacerla cumplir- nada tienen que ver con la voluntad de la mayoría, que es la base legitimadora del Legislativo y del Ejecutivo. Pero el gobierno de dicho poder, dada su dimensión constitucional y no corporativa, debe trascender de quienes son sus titulares y vincularse de alguna manera a la soberanía popular. La elección parlamentaria garantiza en principio esa vinculación, pero a condición de que sea tal -es decir, por órganos parlamentarios propiamente dichos y previo debate público sobre los méritos y cualidades de los candidatos-, y no una mera componenda urdida en los despachos de las ejecutivas de los partidos.

La principal tarea del CGPJ es velar por la independencia de los jueces en el cumplimiento de su función jurisdiccional y por la máxima adecuación de ésta a los valores constitucionales. ¿Pueden los jueces esperar razonablemente que vele por su independencia un órgano que ha dado muestras de haber hecho dejación de la suya? Y, sin embargo, esta relación de confianza es imprescindible para que el CGPJ ejerza con éxito sus tareas de gobierno, que desbordan las puramente disciplinarias.