La fiscal dice que un policía quiso matar al 'cerebro' del asalto al Banco Central

La fiscal de la Audiencia de Barcelona afirmó ayer que el policía Antonio González Pérez, juzgado por la muerte de otros dos agentes, tenía intención de matar al cerebro del asalto al Banco Central, José Juan Martínez Gómez, El Rubio, en el tiroteo que se produjo en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) en noviembre de 1988. Todas las partes del proceso criticaron la improvisación de la operación policial para detener al delincuente.

La fiscal solicitó seis años de prisión para el agente González Pérez, acusado de dos delitos de imprudencia temeraria con resultado de muerte, por los fallecimientos de los policías Joaquín González Ferrer y José María García Beltrán, y de otro delito de homicidio frustrado, por las heridas causadas al disparar contra Martínez Gómez. El tiroteo se produjo en una terraza de un restaurante de Vilanova i La Geltrú al descubrir que en ella se encontraba El Rubio, que había quebrantado un permiso penitenciario.La fiscal Amada Antuña insistió en que el policía fue el causante de la muerte de los agentes, conclusión a la que llegó porque el arma que portaba Martínez Gómez sólo fue disparada una vez. Frente a esta versión, la defensa sostiene que El Rubio pudo disparar en más ocasiones aunque no se hayan encontrado los casquillos de las balas percutidas. El procesado vació el cargador de su pistola. Cuatro proyectiles alcanzaron a los dos agentes y otros cinco a El Rubio, que sufrió heridas de gravedad.

En opinión de la acusación, existió intencionalidad de causar la muerte al delincuente al disparar a muy corta distancia, en repetidas ocasiones y a zonas vitales. La fiscal calificó también de "grave imprudencia" el comportamiento del acusado, que ignoró que sus dos compañeros estaban junto al delincuente. La fiscal, la acusación particular y la defensa coincidieron en criticar la improvisación con que se preparó el dispositivo policial, teniendo en cuenta la peligrosidad del delincuente.

La operación se originó por una llamada telefónica a la comisaría de un inspector, fuera de servicio, que reconoció a El Rubio, autor del asalto al Banco Central de Barcelona, ocurrido tres meses después del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. En las dependencias de la comisaría de Vilanova sólo estaban cuatro agentes y un cabo de la escala básica. "La operación estuvo presidida por la falta de actuación profesional ya que los siete inspectores de la comisaría se encontraban fuera de servicio", afirmó el abogado defensor Enric Leyra.

La fiscal de la Audiencia de Barcelona pide una indemnización al Estado de 25 millones para las familias de los fallecidos y un millón para El Rubio por las secuelas.