El Consejo de la Juventud quiere un servicio militar o civil obligatorio para hombres y mujeres

El Consejo de la Juventud de España (CJE) propondrá al ministro de Defensa el próximo mes la reforma del servicio militar y el desarrollo de una ley de servicio civil, de forma que todos los jóvenes españoles, sin distinción de sexo, realicen uno u otro con carácter obligatorio. Ésta es su alternativa a la actual ley de objeción de conciencia, con la que no están de acuerdo, según explicó ayer su presidente, José Félix Calleja. Asimismo, el CJE solicitará al Gobierno que la drogadicción sea considerada una enfermedad laboral y que, por tanto, no constituya causa de despido y de selección de personal.

La propuesta de reforma del servicio militar y el desarrollo de una ley de servicio civil, presentada ayer en la inauguración de la Asamblea Extraordinaria del CJE que se celebra en Madrid, supone de hecho un rechazo del asociacionismo juvenil a la insumisión, aunque según José Félix Calleja los que opten por esta vía obtendrán individualmente ayuda del organismo.

A este respecto, el director general del Instituto de la Juventud, Magdy Martínez Solimán, comunicó en un coloquio celebrado en la noche de ayer en el mismo recinto, que el proyecto de una ley que regule el servicio-civil está contemplado en el Plan Integral de la Juventud, "pero que la falta de unos objetivos políticos claros ha hecho que, hasta el momento, se hayan elaborado hasta seis borradores diferentes". Martínez Solimán subrayó que, "en cualquier caso, el servicio civil regulado por la ley será de carácter voluntario y remunerado".

Por su parte, el presidente del CJE reiteró en su intervención de la mañana la oposición del Consejo al envío de un segundo contingente militar al golfo Pérsico, si bien matizó que admiten la presencia de tropas españolas en la zona de acuerdo con las resoluciones de la ONU.

Empleo e igualdad

El documento sobre política juvenil global, presentado en la mañana de ayer ante más de 300 delegados de toda España, solicita al Gobierno la reducción de la jornada laboral a 35 horas, como medida para fomentar el empleo entre los jóvenes.

Según datos aportados, a partir de la Encuesta de Población Activa durante el primer trimestre de 1990, de los más de dos millones de parados registrados en este periodo un millón corresponde a jóvenes cuya edad oscila entre los 16 y los 24 años. El desempleo afecta en mayor medida a las mujeres, más del 67% de las cuales aparece clasificada como población inactiva. Este hecho y la escasa participación de las mujeres en movimientos de carácter social y sindical -sólo un 7,3% frente al 10,7% de hombres- mueve al CJE a propugnar una transformación por la igualdad, empezando por sus propias organizaciones.

La presencia de las jóvenes en los órganos de decisión de los diferentes consejos autonómicos apenas alcanza una media del 20%. Además de combatir activamente el proyecto legislativo que pretende sancionar el consumo público de drogas, el CJE va a solicitar al Gobierno que la drogadicción sea considerada una enfermedad laboral y que, por tanto, no constituya causa de despido y de selección de personal.

En el campo de la vivienda, las reivindicaciones del Consejo abogan por el acceso de los jóvenes a "espacios propios para vivir la sexualidad dignamente". Para ello solicitan una modificación de la política oficial de viviendas que ajuste la oferta a una demanda que cifran entre 135.000 y 170.000 nuevas peticiones cada año.

El Consejo de la Juventud de España es un organismo no estatal -aunque creado por mandato constitucional- integrado por 89 organizaciones de toda índole y que representa a 1,5 millones de jóvenes entre los 14 y los 30 años. El consejo considera imprescindible crear la figura del Defensor del Menor dentro de la oficina del Defensor del Pueblo, para la detección de los malos tratos, que según sus cifras ejercen en alguna medida un 50% de los padres españoles; un 8% de estas familias estarían suministrando sedantes a sus hijos para reducir su conflictividad.

Finalmente, las asociaciones juveniles apoyan la campaña de prevención de embarazos no deseados en adolescentes y todas las medidas encaminadas a la prevención de situaciones carenciales en el ámbito familiar.

Por un lado, los representantes de los jóvenes asociados lamentan el problema relacionado con el aumento de madres solteras y, por otro, la existencia en España de 17.000 niños y niñas de 14 años casados prematuramente.