El pacto de competitividad

El autor rechaza que los trabajadores asuman la peor parte de la reordenación económica. Opina que los esfuerzos de competitividad deberían basarse en la reforma fiscal, del mercado de trabajo y la mejora de la formación profesional.

Antes del verano se anunció a bombo y platillo que con la inminente entrada en el mercado único europeo debía prepararse nuestro sistema económico para soportar una competencia en desventaja. Ante la oposición de los sindicatos y de las fuerzas sociales, el tan cacareado pacto de competitividad, rebautizado más tarde como pacto de progreso, fue aparcado en busca de una coyuntura más propicia.Esa situación adecuada llegó con la invasión de Kuwait por Irak. Se nos ha bombardeado repetidamente desde el inicio de la crisis del petróleo con lo afectada que ha quedado la economía española por los incrementos de los precios del crudo, pero no se comenta en absoluto la paridad peseta-dólar, que permite comprar el barril mucho más barato que en el año 1982, y se oculta la real situación económica.

Como solución, el gabinete económico del Gobierno pone en práctica los Presupuestos Generales del Estado más restrictivos desde el inicio del periodo socialista, en 1982. La crisis del petróleo no ha afectado gravemente a nuestro sistema productivo, sino que ha sido un punto de apoyo para que el Ministerio de Economía pusiera en práctica una serie de medidas que en cualquier caso se hubieran tomado aunque tuvieran que justificarse con la guerra civil de Liberia.

El Gobierno, para hacer frente a esta situación, establece una doble vía. Por una parte, limita las rentas salariales para que no sobrepasen un IPC que, dicho sea de paso, está fijado unilateralmente y es de escasa fiabilidad, como se ha demostrado en años anteriores, y por otra propone la necesidad de alcanzar una concertación social` sobre las bases, apenas entrevistas, que tenderían a redundar en el recorte de los salarios.

Esto se complica cuando un alto responsable del Gobierno encargado de negociar la concertación con los sindicatos fija por su cuenta el campo de juego y señala que "para que la política de acuerdos pueda prosperar, los objetivos planteados por los interlocutores sociales deben caber dentro del programa del Gobierno votado por los electores".

Es decir, se actúa como juez y parte. Unas propuestas necesariamente imprecisas se convierten por propia decisión en normas férreas de obligado cumplimiento, al tiempo que se atribuye a sí mismo la única capacidad de interpretación del programa que el PSOE presentó a los electores.

A todo esto, se multiplican los intentos teóricos por inscribir el proceso de concertación dentro de lo que se viene llamando concepción socialdemócrata de la política económica, y por lo visto hasta ahora, consiste en recuperar las supuestas virtudes del liberalismo de Stuart Mil¡.

Desde la UGT, si de apoyar alternativas socialdemócratas se trata, preferimos tomar como referencia los elementos prácticos de países donde se han puesto en funcionamiento con resultados que se nos antojan aceptables.

El mercado como asignador eficaz de recursos es una concepción idealizada del funcionamiento de los sistemas económicos. Hace ya varios años, J. K. Galbraith afirmaba que el merca do es una magnífica excusa para que profesores universitarios poco dotados para otros menesteres obtuvieran espléndidos sueldos que no percibirían si la teoría del libre mercado fuera cierta.

El mercado existe, pero como punto de referencia. Y esto lo saben los empresarios que crean asociaciones patronales, grupos de presión, lobbys o carteles, como también lo saben los trabajadores, por propia experiencia, que se organizan en los sindicatos para pactar en condiciones de igualdad con los empleadores sus condiciones laborales.

La economía de mercado sufre crisis cíclicas y, entre otras consecuencias negativas, produce paro, que afecta desígualmente a los trabajadores, relegando generalmente a los menos dotados a situaciones difícilmente sostenibles a medio plazo. Por otra parte, se endurecen las condiciones de acceso al mundo laboral para los más jóvenes, que pueden vegetar en esta situación durante años hasta convertirse en parados crónicos.

Coste de la mano de obra

En estas circunstancias se puede optar por tomar medidas tendentes a reducir el coste de la mano de obra confiando que la abundancia de un factor barato provocará que se consuma más, o bien puede alcanzarse un pacto global con los agentes sociales en el que se fijen medidas de estímulo a la contratación, manten¡miento del poder adquisitivo de los salarios, reparto de la productividad generada y mecanismos de protección para los más desamparados.

Todo esto debe estar concebido como una globalidad de la que no se pueden hacer partes. Esta es la esencia de la,política socialdemócrata, que se completa con una redistribución de la renta, mediante una política fiscal equitativa que trasvase recursos de los sectores más favorecidos a los menos afortunados.

La sociedad industrial y socialmente avanzada se caracteriza por la existencia de contrapoderes o de poderes compensadores, cuya resultante más conveniente es el pacto. En este entretejido de intereses contrapuestos, el Gobierno no puede limitarse a desempeñar el papel de árbitro entre las partes contendientes. Por el contrario, debe asumir su propia responsabilidad ante la sociedad a la que ofreció un programa electoral e implicarse directamente en la contienda social.

En España, el discurso oficial sobre la modificación de nuestra estructura productiva se centra en la búsqueda de un pacto de competitividad que nos permita afrontar con éxito la manoseada fecha de 1992. Hasta ahora nadie ha sido capaz de explicar con un mínimo de detalle en qué consiste o puede consistir este pacto. No obstante, de una forma absolutamente intuitiva, puede adivinarse el temario a discutir entre los agentes sociales, y desde un punto de vista pragmático hay que decir que sí a un intento de diálogo sobre la competitividad de la economía española, aunque para evitar confusiones sería razonable pormenorizar un poco más el carácter del acuerdo que se pretende.

Si va a hablarse de competitividad del factor trabajo de las empresas y/o sectores de producción, solamente nos bastaría revisar nuestros archivos para comprobar que existe un precedente firmado por la UGT y la CEOE. Se trata del Acuerdo Marco Interconfederal, que en su título 8º recoge una serie de instrumentos conceptuales y de criterios, según cita. textual, "para generar un proceso que dé lugar a la mejora de la productividad". Estos acuerdos nunca se han podido poner en práctica a causa de la negativa de los empresarios y ratifica algo que en estos momentos se está poniendo en duda: la voluntad de los sindicatos para alcanzar acuerdos sobre productividad.

Lo que sí ponemos en duda es que estas posibles discusiones se planteen de una forma unidireccional. Es decir, a costa de los trabajadores, con recortes salariales, mayor flexibilidad en el empleo, empeoramiento de las condiciones de trabajo, bolsas de paro con dificil recolocación, etcétera. A estas intenciones encorsetadas de diálogo decimos rotundamente que no.

Atajar la infección

Bajo estas premisas, nos planteamos una postura que prescinda de las formas y de la terminología. Si hablafflos de productividad, nos remitimos a experiencias pasada!, que aunque necesitan de nuevos aires, son válidas para el inicio de un diálogo. Pero si queremos atajar la infección que tiene nuestra economía tenemos que ir mucho más allá y hacer referencia a la Propuesta Sindical Prioritaria (PSP).

La PSP recoge en varios de sus puntos elementos de negociación que no son otra cosa que instrumentos para potenciar la competitividad de la economía española, aunque obviamente se rechazan de plano los intentos liberal-conservadores de que los trabajadores asuman la peor parte de la reordenación económica.

No podemos hablar de competitividad de la economía basándola en la reducción del poder adquisitivo de los trabajadores cuando España es uno de los miembros de la Comunidad Europea con los costes salariales más bajos, sobre todo teniendo presente que-para salir de la crisis los trabajadores tuvieron que asumir condiciones muy duras, fundamentalmente en el aspecto relacionado con su poder adquisitivo. Y este mantenimiento del poder de compra es compatible con una reducción de la fiscalidad del impuesto sobre la renta de las personas físicas de las rentas del trabajo, que en estos momentos representan el 75% de la tributación, mientras que las rentas de capital son el 25%.

Los esfuerzos por mejorar la competitividad tienen que afrontar también dos reformas fundamentales. Una, la del mercado de trabajo, con reducción de contratos en precario, y otra basada en el impulso de la formación profesional. El empleo en precario impide tener buenos profesionales y potenciar la productividad de las empresas sin perjuicio laboral para los trabajadores. Si los empleados españoles no alcanzan un cierto nivel de estabilidad en el empleo -estamos hablando de más de un 30% de empleos en precario-, su índice productivo y profesional no será compatible con el de los trabajadores del ámbito comunitario. Afrontaremos por tanto en desventaja el proceso de evolución tecnológica.

Si el peligro de la no profesionalldad se cierne sobre los trabajadores en precano, debemos tener presente el 16% de los trabajadores en paro, por lo que se hace urgente una reforma progresista de los planes de formación profesio.nal, con un doble objetivo: reconvertir a los trabajadores en activo para afrontar con garantías la urgente renovación tecnológica y preparar a los jóvenes que buscan su primer empleo en mejores condiciones que en la actualidad.

Y no podemos olvidar un aspecto fundamental. La transparencia de las redés comerciales y sobre todo la modernización de los medios de producción, conjuntamente con una política de investigación, que se generarían en base a la reinversión de excedentes empresariales, con una doble intención: mejorar la productividad de las empresas españolas y fomentar una política de investigación y desarrollo (I+D) que favoreciera una renovación no traumática de las estructuras económicas y un cambio en la gestión empresarial.

Hemos hablado de una serie de condiciones posibles con las que la UGT podría sentarse a dialogar sobre la competitividad de nuestro sistema económico. La alternativa socialdemócrata, de la que ahora todos se sienten inspiradores, tiene que vertebrar sus ejes en la reinversión industrial, en nuevas tecnologías y en adaptación de servicios para abrir nuevos mercados; en una política de contención de la inflación en base a actuaciones sobre los precios, márgenes comerciales y especulación inmobiliaria; en el control de los excedentes empresariales de forma que actúen como los impulsores de la reactivación económica; en una readecuación del mercado de trabajo en pro de una mejor productividad sin menosprecio de las actuales condiciones laborales, y a una política fiscal que persiga eficazmente el fraude y grave las rentas obtenidas en función de la capacidad de pago del sujeto pasivo.

Con estas condiciones, enmarcadas muchas de ellas en la PSP, UGT está apostando porque se abra el diálogo con el Gobiemo, acotando las formas y el foro de la negociación, pero sobre todo negándose al hurto de la problemática de la competitividad a los agentes sociales y con la participación de todos ellos, incluida la patronal.

es secretario general de la UGT de Cataluña.