Jueces e información

ENTRE LAS obligaciones judiciales no es la menor cumplir la regla general de la publicidad de las actuaciones ni la de satisfacer la justificada demanda de información de los ciudadanos, que jueces y magistrados deben hacer compatible con el respeto a la vida privada y a la presunción de inocencia de los sometidos a su jurisdicción. Especialmente necesario es que los jueces de instrucción, a quienes corresponde la investigación de las causas penales, garanticen tanto el derecho a la información sobre los asuntos de su competencia como la preservación de aquellos datos que puedan herir los derechos individuales afectados.Sin embargo, con alguna frecuencia, quienes imparten justicia caen en la patrimonialización y opacidad de su función o, en el extremo opuesto, en una inconveniente locuacidad sobre la investigación a su cuidado. Por añadidura, la acogida que estas diferentes conductas tienen en los medios de comunicación suelen crear una dinámica en los jueces afectados, que retroceden al silencio cuando su verbalismo es criticado, o mantienen su facundia si observan que sus excesos informativos son jaleados y aplaudidos.

Así ocurre que la diferente vara de medir empleada por los periodistas respecto al juez Luis Manglano -que investigó el caso Naseiro- y al juez Ángel Márquez -que instruye el caso Juan Guerra- no sólo ofende al sentido de la ecuanimidad, sino que influye sobre la actitud mantenida por uno y otro juez. Mientras que el primero, acusado de exhibicionismo por balbucear unas palabras ante los periodistas que le acosaban, se recluyó en el mutismo, el juez Márquez, convertido en héroe justiciero, un día anticipa las pesquisas que ordenará para completar la biografia jurídica de Juan Guerra, en la que se halla empeñado; otro sorprende con su respuesta a unas declaraciones del autor de Yo, el hermano sobre su libro, y otro más comparte con los periodistas sus dudas sobre en qué concepto citará al vicepresidente del Gobierno.

Es fácil imaginar los reproches de que hubiera sido objeto el juez Manglano si se hubiera atrevido a entrar en debate con alguno de los inculpados en el caso Naseiro, o a revelar sus reflexiones sobre los implicados o testigos, o a ordenar que la policía investigara a centenares de personas. Pero lo que resulta más lamentable es que los jueces sean tan sensibles a lo que publican sobre ellos los medios de comunicación social, como si la ley y el sentido común no les ofrecieran suficientes criterios de conducta y necesitaran respaldar su actuación con un determinado grado de aceptación social.

En lo que respecta al juez Márquez, su aplaudida falta de continencia está oscureciendo la principal aportación de este magistrado a la lucha contra la corrupción política: la realización de la única investigación sobre el escándalo por la instalación de Juan Guerra en un despacho de la Delegación del Gobierno en Andalucía. Por el contrario, la investigación judicial estaría desprovista de los entusiasmos que suscita si la mayoría socialista -con Felipe González y Alfonso Guerra al frente- hubiera dado vía libre a la de carácter parlamentario, obligada en democracia.