Declaración de independencia

Fue una sorpresa para casi todos. El conocimiento de que previamente se había reunido con el ministro de Finanzas británico, John Major, en lo que parecía visita casi de cortesía, no era suficiente para adivinar la carga de profundidad que Carlos Solchaga -"ese pequeño navarro", como se permite el lujo de denominarlo el prestigioso Financial Times- soltaría en la reunión de ministros de Finanzas de los Doce celebrada en Roma el pasado 8 de septiembre. Solchaga presentaba una propuesta para la unión económica y monetaria en Europa a medio camino entre el Informe Delors y la posición del Reino Unido. Mes y medio después, se convierte, paso a paso, en el centro del debate europeo. Pero la función no ha hecho más que empezar.

Las escasas explicaciones que el ministro dio sobre la nueva propuesta española le han acarreado no pocos disgustos, y entre ellos, la acusación de paso atrás en el europeísmo del que este país ha hecho gala, hasta el punto de rumorearse discrepancias entre el titular de Economía y la Moncloa , rápidamente desmentidos. Las críticas, procedentes fundamentalmente del presidente de la comisión, se centraban en un hecho que parecía fundamental: frente a la propuesta de la comisión de que la segunda fase empiece en enero de 1993, Solchaga plantea un año más. Reconocido ya hasta por el propio Delors que 12 meses más o menos para un empeño semejante no es motivo de discrepancia fundamental, se empiezan a desvelar problemas de mayor hondura que, sin duda, serán los que centrarán las próximas decisiones de cara a la conferencia intergubernamental de diciembre, cuando los jefes de Estado de los Doce acuerden las modificaciones necesarias al tratado para conseguir la unidad.La propuesta de España, mantiene Pedro Pérez, secretario de Estado de Economía, "se encardina perfectamente en el Informe Delors. Pero, basándose en su filosofía, trata de darle un contenido más concreto para definir los criterios y condiciones a cumplir en la primera y segunda etapas y con ello asegurar que todos los países de forma conjunta van dando pasos para la convergencia". Sus condiciones envuelven al conjunto de los Doce. Desde ya, y antes de que comience en 1994 la segunda etapa, los más pobres tendrán que aplicarse en una mayor disciplina monetaria y presupuestarla al tener que integrar sus monedas en el Sistema Monetario Europeo y prohibir dar a la máquina del dinero para paliar déficit públicos.

Un paso previo

Pero los más ricos, a los que su situación económica les permite cumplir desde hace tiempo semejantes requisitos, tendrán que poner su empeño en la última y más difícil condición de la etapa inicial: la independencia de los bancos centrales o emisores de los poderes políticos.

Es decir, antes de constituir un banco central único, independiente y autónomo, habrá que lograr que estas condiciones se cumplan en cada país. Y esto es harina de otro costal, porque toca la fibra más sensible de todo el proceso hacia la unidad: la transferencia de soberanía, primero desde el poder político a la autonomía de los respectivos bancos centrales y después hacia lo que en el futuro sería el banco único central.

El estatuto de autonomía para todos los bancos centrales "es la modificación institucional más importante para la primera etapa y lo que más debate de la propuesta española va a suscitar", dice Pérez. "Si estamos dispuestos a que la futura institucion [el banco único central] sea independiente, deberíamos empezar por la propia casa". Ello no plantea ningún problema a Alemania, con un Bundesbank poderosamente Independiente, que ya ha dado su si a este asunto. Holanda, que forma prácticamente una unidad de zona con Alemania, tampoco lo ve nada mal, pero en el resto de los países la supeditación de los bancos emisores a los departamentos de Economía es mucho mayor. Sorprende la seria contradicción en la que se encuentra Francia, por ejemplo. Por una parte impulsa una rápida constitución de un banco central europeo, pero su banco central es el más dependiente y todavía no se ha tomado ninguna medida para que deje de serlo.

Los objetivos

España también tendría que hacer al respecto algunas modificaciones en el sentido de introducir lo que en términos comunitarios se denomina independencia con control democrático". Es decir, el Ejecutivo nombraría al gobernador, pero el Parlamento tendría control sobre él. En la actualidad, según la ley de órganos rectores del Banco de España, la entidad actúa con autonomía respecto de la Administración e informa a las Cortes "a solicitud de éstas".

La polémica sobre la independencia crece cuando se traslada desde el ámbito doméstico hasta el supranacional, y se complica con la definición de lo que debe ser el futuro banco central europeo y cómo se debe formar. Hay quien piensa, caso de la comisión y España, que su creación debe ser paulatina.

Se debe crear un sistema de bancos centrales que se vaya llenando de contenido a lo largo de la segunda etapa. Y los hay reacios a cualquier modificación institucional para el tránsito desde el sistema actual hasta el de banco único en la etapa final, como Alemania y Holanda, que machaconamente ponen el acento en que aumente la convergencia económica entre los distintos países antes de ir dando las riendas a nuevas instituciones de política monetaria. No en vano la suya es muy fuerte e independiente. Incluso el canciller alemán, Helmut Kohl, al tiempo que apoyaba el Plan Solchaga para retrasar la segunda etapa hasta 1994, recordaba que por encima de todo el futuro banco central tiene que mantener total independencia del poder político Por último, el Reino Unido ni siquiera se plantea un banco central único, sino un fondo emisor de una décimotercera moneda para la Comunidad (el ecu fuerte).

¿Qué función tendría ese banco central? En su pleno funcionamiento (tercera etapa), sería el órgano que dictara con independencia la política monetaria de la Comunidad. Pero hasta aquí surge la polémica. Alemania siguíendo su propio esquema interno, mantiene que el único objetivo debe ser conseguir la estabilidad de los precios, mientras España, por ejemplo, añade que ese objetivo debe ir encaminado a facilitar el crecimiento y el empleo.

Moneda única

También está en plena fase de debate el periodo en el que el banco empezaría a funcionar; en definitiva, la duración de la segunda fase. Mientras la comisión, apoyada fundamentalmente por Francia, quiere acelerar la unión económica y monetaria y alemanes y holandeses no se definen en cuanto a calendario, España propone una segunda etapa de entre cinco y seis años. "Es un periodo corto si se compara con otras fases, como la del mercado único, que es de siete años sin problemas de cesión de soberanía, pero al tiempo es realista", dice Pedro Pérez. "Si el periodo de tiempo fuera inferior", añade, "correríamos el riesgo de fracasar".

El banco central europeo, además de dictar la política monetaria, emitiría la moneda única, el ecu, que perdería su condición de cesta.

Frente al inicial rechazo frontal del Reino Unido, su ministro de Finanzas ha llegado a admitir que el ecu llegue a convertirse en moneda única, pero sólo si las fuerzas del mercado así lo deciden después de que durante un tiempo funcione como decimotercera moneda de la Comunidad en paralelo a las doce nacionales. Sería el ecu fuerte, que la comisión rechaza, mientras España lo admite transitoriamente como paso intermedio hacia su conversión en moneda única. Y no por aceptación de las fuerzas del mercado, sino, una vez más, por voluntad política. La fuerza de esa voluntad será al final la que marque el destino de la Europa unida.