El 3% de Madrid: ¿quién tira la primera piedra?

El autor, defensor del proyecto de Ley del Fondo de Solidaridad Municipal ante la Asamblea de Madrid en 1984, aprovecha el fallo a favor del impuesto por el Tribunal Constitucional para hacer una reflexión sobre el recargo del 3%.

Ya era hora. Han sido más de cinco años soportando las befas de los lerdos y la cínica comprensión de los listillos. Y resulta que quienes creíamos en los principios de corresponsabilidad y solidaridad en la financiación de las comunidades autónomas teníamos razón.El mal llamado impuesto Leguina no vio la luz, ni probablemente la verá nunca, sin que ello signifique que su constitucionalidad no represente un enorme paso hacia un sistema de financiación de las autonomías en el que el victicinismo tan al uso tenga ya poca cabida. Defendí el proyecto de Ley del Fondo de Solidaridad Municipal ante la Asamblea de Madrid a finales de 1984, y ahora, desde la serenidad que da el estar apartado de la política activa, creo que puedo aportar alguna reflexión útil.

La autonomía de Madrid era una criatura de apenas dos años cuando nos dimos cuenta de que le faltaba alimento para desarrollarse sana y fuerte. Por aquel entonces era normal calificarla de Diputación ampliada, dado el escaso margen de maniobra que su estrechez financiera le permitía. En particular, las actuaciones en los pueblos de la periferia eran de imposible abordaje en el estrecho marco de los presupuestos. Leguina aceptó el reto y juntos dimos cuerpo a la idea que, por cierto, fue acogida con desigual agrado por nuestros compañeros; hacía falta el coraje del actual presidente para meterse a navegar en las aguas de una LOFCA no explorada aún del todo.

La destrucción del contrario

Una vez hecho público el proyecto de ley, la Reacción (con mayúscula) se lanzó a la calle. Porque una cosa es la oposición a esta u otra medida de política económica y otra muy diferente es el uso de cualquier arma para la destrucción del contrario.

Me explico: la campaña de recogida de firmas contra el recargo (firme usted, que si no, le quitan el 3% de su sueldo, recuerdo que decían) es una de las acciones más irresponsables de los populares desde que con ese nombre existen. Quizá si su actual presidente (el señor Aznar es fiscalista de profesión) hubiese estado entonces en el candelero hubiera podido explicar a sus correligionarios que los tributos, por su propia esencia, no pueden ser sometidos a plebiscito. Así, hacerlo supuso, pues, desenmascarar a quien" hacían diaria profesión de fe autonómica mientras cerraban la vía para que esa autonomía fuera realidad. ¿Qué caminos existían para lograr un mayor grado de autonomía financiera en la Comunidad de Madrid? ¿Cómo hacer efectivo el principio de solidaridad sin recursos? ¿Por qué no aplicar un principio tributario -el de la capacidad de pago- si la ciudadanía en su mayor parte había votado un Gobierno de izquierdas?

Estas y otras preguntas nos las planteamos en su momento. Cierto es que existían otras vías de menor coste político para alcanzar el mismo objetivo económico; me refiero al conocido método de lloriqueo sistemático ante el Gobierno central en demanda de mayores medios y recurriendo al hasta hoy eficaz planteamiento del agravio comparativo. Madrid no las utilizó entonces ni creo que lo haya hecho después. Quienes sí han hecho uso de ellas tienen ahora una salida abierta por la sentencia del Tribunal Constitucional: pueden acudir a los recargos sobre los tributos del Estado como medio de financiar esas necesidades pendientes, indispensables para el definitivo logro de su autonomía. Imagínense, pues, en breve plazo, al señor Pujol estableciendo un por ciento de recargo en tierras catalanas. Ésa sí será una afirmación efectiva de su autonomía; ahora bien, ¿creen ustedes que se atreverá?

Ahí radica, pues, la importancia de una sentencia que no hace sino ratificar lo que en opinión de muchos ya estaba contenido de forma clara en la propia LOFCA: la posibilidad de establecer recargos como medio de financiar las autonomías y, por tanto, de ser más libre en su Gobierno. La Comunidad de Madrid no necesita el recargo y, por tanto, no lo establecerá. ¿Quién se atreve a tirar la segunda piedra?

es economista y fue consejero de Economía y Hacienda en el primer Gobierno regional de la Comunidad de Madrid.