12 ancianos viven en una residencia clandestina que carece de agua potable, calefacción y teléfono

En un chalé alquilado situado en el kilómetro 5,200 de la carretera Moraleja de Enmedio-Fuenlabrada se encuentra el centro de la tercera edad Aldebarán, una residencia clandestina de ancianos que ya funcionó en Móstoles durante tres años. Doce ancianos y una asistenta conviven en una casa donde no hay agua potable, ni calefacción, ni teléfono, y donde no se dispone de personal sanitario cualificado. Tampoco hay medidas de seguridad, existe humedad y una piscina vacía desprotegida. Precisamente ayer, la Asamblea de Madrid aprobó un proyecto de ley para sancionar este tipo de residencias.

Esta serie de deficiencias no concuerda con la publicidad del centro: "Aldebarán, centro de convivencia. Una alternativa a la residencia de ancianos. Trate humano y personal. Amplia finca y jardines, calefacción central y servicio médico opcional. 50.000 pesetas al mes".Según responsables municipales y sanitarios de Moraleja de Enmedio, la Comunidad de Madrid ha recibido un informe de las condiciones infrahumanas e ilegalidad del centro, pero es el Ayuntamiento el único que puede ordenar el cierre. El 18 de septiembre, Ángel Díaz, alcalde de Moraleja, decretó el cierre y dio un plazo de 15 días para que las familias se hiciesen cargo de los ancianos. Terminado el plazo, el alcalde ha pedido a la Delegación del Gobierno la clausura del centro, y al ministerio fiscal, un estudio sobre un posible delito de desacato. Pero Aldebarán continúa funcionando.

Rampa escurridiza

La casa, situada junto a una gasolinera, está habitada por 12 ancianos, todos de semblante triste y de carácter taciturno. Flora es la mayor, tiene 93 años. El aspecto exterior es sombrío. El patio está lleno de matorrales. Hay un pozo seco y que, según una empleada, ha sido manchado de petróleo. "No tenemos agua desde hace un mes. Vamos a la gasolinera a llenar bidones". Para entrar en el piso superior existe una rampa escurridiza, sin barandillas, y una escalera semiconstruida.

Los dos baños están adornados de roturas y carecen de condiciones geriátricas. En el salón hay tres mesas y una de las abuelas se lamenta de que la televisión esté estropeada. Según el jefe médico local, algunos ancianos se escaparon a un bar próximo, ya que en la residencia les dan mal de comer.

María Concepción Fernández Fernández es la directora de lo que ella califica "un proyecto nuevo y único". "Es un centro de convivencia, de acogida de personas sin recursos, y sin ánimo de lucro. De aquí van a trasladarnos porque alguien nos está saboteando", dice. La hermana de la directora, su madre y la asistenta, Nieves, cuidan a los ancianos.

Mientras los asistentes afirman que a los ancianos se les cuida bien, por detrás, una de las ancianas mueve la cabeza señalando que todo es falso y que se les maltrata. Al mismo tiempo, una asistenta afirma: "Cobro sólo 45.000 pesetas y además no estoy asegurada. Lo hago por los ancianos".

Hasta agosto de 1989, este centro funcionaba de forma clandestina en Móstoles, en los pisos 1º B y 1º C de la calle de los Olivos de Peñanevada. Según los vecinos, aquello fue un infierno por los olores que había en el bloque y porque "se escuchaba cómo pegaban a varios ancianos. A veces, incluso los dejaban solos por la noche".

Según el administrador de la urbanización, durante esos años denunciaron al alcalde de Móstoles, Bartolomé González, todo lo que ocurría en los dos pisos y también interpusieron varios pleitos contra María Concepción Fernández.

José Luis Gallego, primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de Móstoles, afirma que el Ayuntamiento ordenó el cierre y que un miembro de la Concejalía de Bienestar Social visitó los pisos y puso en manos de la Comunidad un informe sobre la clandestinidad de este centro, pero los vecinos consideran que María Concepción se marchó con sus ancianos porque el juzgado la amenazó con el desahucio al no pagar. Al dejar la casa, uno de los vecinos afirma que hallaron excrementos humanos en el suelo.

Desde septiembre de 1989, el centro se encuentra en la carretera de Moraleja. El solar es propiedad de Vicente Tormo, quien alquiló a María Concepción el chalé. El propietario asegura que la directora lleva seis meses sin pagar, a pesar de que ha enviado un acta notarial y de que ha pedido las llaves del inmueble.

Sin licencia

María Concepción dijo: "Ni tengo licencia ni la pediré, pero seguiré adelante, porque la ley de la Comunidad no es acorde. Pretendo realizar algo nuevo".

El alcalde de Moraleja añade que avisó a los servicios de la Comunidad, "quienes de palabra" le señalaron que cerrara el local y que ellos se encargaban de realojar a los ancianos. Aunque, finalmente, la Comunidad dijo que no podía hacerse cargo de ellos.