El fiscal acusa a Amedo y Domínguez de integrarse en banda armada y pide 60 años de cárcel para cada uno

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eladio Escusol, solicitó ayer penas que suman 60 años de prisión para cada uno de los policías José Amedo y Michel Domínguez por su participación en varios atentados que fueron asumidos por los GAL. El fiscal, en el escrito de calificación que ha sido visado por el fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, considera que los agentes realizaron acciones "coincidentes" con las de los GAL, y pide para cada uno de ellos nueve años de prisión por un delito de integración en banda terrorista.

La calificación del fiscal Escusol acusa al subcomisario Amedo y al inspector Domínguez de un delito de "integración en banda terrorista" regulado en el artículo 7.1 de la ley orgánica 9/84 contra actuación de bandas armadas y actividades terroristas. Ésta era la ley antiterrorista vigente en el momento de los hechos que se imputan a ambos policías, y el artículo invocado por el fiscal castiga con penas de prisión mayor (seis años y un día a 12 años) y multa a "los integrantes de una organización terrorista, rebelde o banda armada, así como quienes prestaren a éstas su cooperación".Para el fiscal Escusol, Amedo y Domínguez son considerados "integrantes" o "cooperadores" de banda terrorista pero no "promotores y directivos" o "dirigentes de cualquiera de sus grupos", ya que en ese caso la pena correspondiente hubiera sido de 12 años y no de 9, como pide el fiscal Escusol.

A pesar de la acusación de integración en banda terrorista, el fiscal no especifica claramente que Amedo y Domínguez fueran reclutadores de mercenarios de los GAL, sino que realizaron "determinadas acciones coincidentes con las actividades y fines ilícitos de la organización terrorista 'Grupos Antiterroristas de Liberación' (GAL)".

Terrorismo y asesinatos

Eladio Escusol considera que no existen pruebas suficientes para acusar al subcomisario Amedo y al inspector Michel Domínguez de haber participado en el asesinato del prófugo Juan Carlos García Goena, último, asesinato del que se responsabilizaron los GAL, a pesar de los testimonios de Inmaculada Gómez Pérez y María Ángeles Balsategui, ex amantes de Amedo y Domínguez, respectivamente, que afirmaron haber visto una bomba en poder de los policías la víspera del atentado contra el desertor. Las dos mujeres explicaron también que los agentes citados les hablaron de su intención de cometer el crimen como acción de castigo contra el Gobierno porque se sentían abandonados por sus mandos.

Escusol justifica su actitud de no acusar a Amedo y Domínguez por el asesinato de García Goena en que los tres magistrados del tribunal que decretó el procesamiento apreciaron la existencia de "indicios" de criminalidad y tales indicios "siguen siéndolo ( ... ) por cuanto no hay pruebas seguras de cargo que permitan vincular a los procesados a la acción penal referida". A juicio de Escusol, "hubiera sido procedente el sobreseimiento provisional" de la causa sobre el asesinato de Garcia Goena".

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional tampoco considera que deba declararse al Estado responsable civil subsidiario de las indemnizaciones que eventualmente correspondan a Amedo y Domínguez, por más que tal responsabilidad civil fue acordada por el tribunal que ha de juzgar el caso.

Las acusaciones y penas solicitadas por el fiscal son las siguientes:

-Integración en banda terrorista: nueve años de cárcel para cada uno.

_Malversación de caudales.: tres años de prisión y nueve de inahabilitación absoluta para cada uno.

-Cinco delitos de asesinato frustrado (por el atentado contra el bar Batzokiy una única pena de 25 años a cada uno.

-Un delito de asesinato frustrado (por el atentado a José Ramón Basañez, en el bar La Consolationy. 18 años a cada uno.

-Delito contra la Administración de Justicia (por intimidar a la testigo María Angeles Balsategui): cinco años para cada uno.

-Otros delitos: Falsificación de documentos de identidad y uso público de nombre supuesto, por los que solicita penas que totalizan 1 año para Amedo y 9 meses para Domínguez.

Fondos reservados

El relato que de los hechos hace Escusol explica que Amedo y Domínguez se trasladaron a Víana do Castelo (Portugal) en "una misión relativa a sus específicas funciones policiales" (no dice cuál) y para ello recibieron del Ministerio del Interior, con cargo a la partida de "fondos reservados", la suma de 110.000 pesetas. Para Escusol, esta cantidad es la misma, que "concretó, en valoración ponderada, el Ministerio del Interior" y que los procesados aplicaron "a una finalidad distinta de la que les llevó a Portugal", lo que da pie a la acusación de malversación de caudales.

En Portugal, los policías contrataron como mercenarios a los portugueses Paulo Figueiredo, Rogerio Carvalho y Antonio Ferreira para que ejecutasen sendas acciones contra los bares Batzoki y La Consolation, frecuentados por refugiados vascos.

En la primera de estas acciones resultaron heridas cinco personas, hecho que el fiscal considera "una acción penal única" en aplicación del artículo 71 del Código Penal. Así, en vez de calificar los hechos como cinco asesinatos frustrados y solicitar una pena distinta por cada uno, -como siempre ha calificado la Fiscalía de la Audiencia Nacional-, Escusol solicita una pena única de 25 años por los cinco delitos.

En cambio, por el atentado contra el presunto miembro de ETA José Ramón Basáñez en el bar La Consolation, que constituye un solo delito de asesinato frustrado, solicita una pena de 18 años.

Como prueba, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional pide la comparecencia en el juicio como testigos del ex director general de Policía Rafael del Río y del actual, José María Rodríguez Colorado, además de los superiores de Amedo, los comisarios Julio Hierro y Antonio Rosino, así como las ex amantes de Amedo y Domínguez.