Demoras fiscales

LA INSEGURIDAD jurídica y la provisionalidad no han dejado de planear durante estos años sobre el sistema tributario español, lo que -unido a la ausencia de una sólida tradición de conciencia fiscal- ha favorecido actitudes insolidarias o demagógicas sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias. La sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucionales cinco artículos de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de 1978 pareció proporcionar un fundamento firme sobre el que asentar un definitivo y sólido sistema fiscal. Pero no ha sido así. Nuevamente han surgido las dudas, se aplazan una y otra vez las decisiones y se alimentan sospechas de inconstitucionalidad sobre algunas de las nuevas fórmulas que se pretende introducir.La actual legislación sobre el IRPF, circunscrita inicialmente a los años 1988 y 1989, lleva camino de ser una más de las normas que en España han nacido bajo el signo de la provisionalidad y que, sin embargo, han estado vigentes durante años. Por lo pronto, su provisionalidad va a extenderse también al ejercicio de 1990. De otro lado, la inseguridad jurídica que en sí misma encierra toda norma provisional se ve reforzada aún más en este caso con los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Partido Popular.

La prórroga durante un año más de la normativa provisional del IRPF es consecuencia obligada de la demora que se está produciendo en la elaboración de la normativa definitiva, que hace prácticamente inviable su entrada en vigor en la fecha prevista de 1 de enero de 1991. Y esta demora es consecuencia a su vez de la incapacidad de los grupos parlamentarios para ponerse de acuerdo sobre el contenido básico de la nueva ley del IRPF. La dificultad técnica de articular un sistema impositivo progresivo y no discriminatorio -tal como ordena la Constitución- es obvia. También la política. Sin embargo, nada justificaría un desacuerdo tal entre los grupos parlamentarios que retrase todavía más la existencia en España de un régimen fiscal jurídicamente sólido y homologable al vigente en la mayoría de los países de la CE. Y si fuera cierto que esta demora se debe también a ocultas motivaciones recaudatorias -el proyecto del nuevo IRPF contempla una disminución de ingresos por este impuesto-, aún lo estaría menos. El Gobierno sacrificaría la urgente y necesaria estabilización del sistema fiscal al objetivo de allegar unos cuantos miles de millones más de pesetas para las arcás públicas.

En cualquier caso, el recurso una vez más en esta materia al Tribunal Constitucional -son preocupantes las sospechas de inconstitucionalidad que ya se lanzan sobre la nonata nueva ley del IRPF- revelaría una preocupante incapacidad de las fuerzas parlamentarias, y sobre todo de la mayoritaria, para construir por sí mismas el sistema impositivo que necesita el Estado español de nuestros días. Por otra parte, requerir nuevamente el dictamen del Tribunal Constitucional respecto de cuestiones sobre las -que ya se ha pronunciado -por ejemplo, el carácter individual del impuesto sobre la renta y, por tanto, la incongruencia de utilizarlo como referencia de comparación entre unidades familiares- contribuye a reforzar su nada deseable papel de tercera Cámara que tanto le critican quienes precisamente más lo promueven con su incompetencia, política y legislativa.

El interés general y el particular de cada contribuyente exigen acabar cuanto antes con la incertidumbre que genera un marco fiscal cambiante y forjado a golpe de decisiones tomadas al hilo de la coyuntura política y económica. Sería tan temerario elaborar una norma que de nuevo fuese recurrida -y perdida o matizada- ante el Tribunal Constitucional como debatir indefinidamente y ampliar un vacío legal que, quiérase o no, genera una sensación de crisis fiscal permanente, que no beneficia al Estado y causa perjuicios evidentes a los ciudadanos. Si existe una cuestión que merezca el consenso de las fuerzas políticas, ésta es la fiscal. En este sentido, tiene razón el secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, cuando supedita los plazos de la elaboración de la nueva ley del IRPF a la obtención del consenso. Pero a condición de que no sea una coartada que encubra propósitos menos edificantes.