Andalucistas e Izquierda piden al juez que inculpe a 14 personas vinculadas a Juan Guerra

Los dos abogados de la acusación del caso Juan Guerra -Emilio Lechuga (PA) y Manuel Fernández del Pozo. (IU)- entregaron ayer un escrito al juez Angel Márquez pidiéndole la inculpación de 14 personas, la mayoría socios y amigos de Juan Guerra. Esta petición incluye la de otras tantas fianzas, y éstas se extienden a ocho de las empresas que forman parte del entramado mercantil del hermano del vicepresidente del Gobierno. El juez Márquez suspendió ayer por cuestiones procesales los careos previstos entre Antonio Guerra, el mayor de los hermanos del vicepresidente, y sus socios.

La suspensión de tales careos, cuya finalidad era concretar la mediación de Antonio Guerra y sus socios ante el Ministerio de Defensa para conseguir la adjudicación de unos céntricos cuarteles militares de Madrid, fue solicitada al juez por José Joaquín Gallardo, abogado de Antonio Guerra. Éste argumentó un defecto de forma en la citación judicial remitida a su defendido, alegato al que se adhirieron el fiscal y el resto de las partes presentes en el sumario.Antonio Guerra había sido llamado en calidad de inculpado por presuntos delitos de cohecho y estafa, imputaciones que, según Gallardo, se debían haber hecho constar en la citación. Esta cuestión de procedimiento -"y con objeto de aclarar quiénes están siendo interrogados como testigos y quiénes como inculpados"- motivó el escrito de acusación que ayer formalizaron los abogados del PA y de IU contra 14 personas, sin contar a Juan Guerra, quien figura como inculpado desde el principio.

Lechuga y Fernández desglosaron en dos apartados los supuestos delitos que, según ellos, han podido cometer estas 14 personas; por un lado, defraudación a la Hacienda pública y falsedad de documentos, y, por otro, prevaricación y cohecho. Ambos letrados reclaman al juez Márquez que impongan a todos, y a sus respectivas empresas, fianzas cautelares.

Las personas contra las que Lechuga y Del Pozo solicitan la inculpación por algunos de los delitos antes citados son Juan José Arenas Casas (socio al 50% de Juan Guerra en Corral de la Parra); Arturo López Villasana, José Luis Díaz López y José Luis Díaz Martínez (todos ellos accionistas de HRT, inmobiliaria ligada a su vez con Corral de la Parra); José María Ramos Reina, Carlos Pulido Tarifa y José Antonio Bellemay Pozo (accionistas junto con Juan Guerra en Fracosur);

Francisco López Martín y José Garrido López, estos últimos socios de Construcción Modular Andaluza (Comasa), la inmobiliaria que consiguió que Mercasevilla, cuyo capital es mixto, le cediera unos terrenos para construir un hotel de lujo, cuando el menor de los hermanos Guerra, Adolfo, formaba parte de su junta directiva.

Entre los 14 inculpados también figuran Manuel Macías, el constructor madrileño cuya entidad ofreció a Antonio Guerra un premio de 620 millones de pesetas si conseguía que el Ministerio de Defensa le adjudicara los céntricos cuarteles militares de Madrid denominados Dosck y Maestranza. También figuran en el escrito Julián Llorente, gerente de la firma Cagesa, supuestamente ligada a Cimsa, y los socios del llamado Grupo 3, dedicado a la mercadotecnia: Víctor Renedo Esteban, Francisco Medina Vadillo y Antonio Guerra González.

Lechuga y Fernández del Pozo señalaron que incrementarán las listas de inculpados a medida que haya nuevas comparecencias ante el juez y la investigación judicial revele nuevos datos. "Vamos a inculpar a más de 20 personas" declaró Del Pozo. Faltan por declarar los propietarios de varias empresas radicadas en Valencia en cuyas actividades inmobiliarias aparece la intervención de Juan Guerra.

Las ocho empresas a las queel juez Márquez debe imponer, a juicio de los abogados del PA y de IU, una fianza en concepto de responsabilidad civil, y corno medida cautelar, son HRT, Cimpa, Cimsa, Corral de la Parra, Turia 12, Cagesa y Comasa. Juan Guerra, según Lechuga y Fernández del Pozo, aparece ligado a ellas "directa o indirectamente, a través de testaferros".

Por otra parte, el abogado de Antonio Guerra solicitó ayer al juez Márquez que invalide las declaraciones judiciales efectuadas por su defendido desde que estalló el escándalo que le afecta, pues considera que en las mismas se han podido conculcar sus derechos fundamentales.