El Organismo Internacional de la Energía descarta de momento el uso de las reservas estratégicas

El comité director del Organismo Internacional de la Energía (IEA) ha pedido a sus 21 países miembros que estén dispuestos a recurrir a sus reservas para hacer frente a un deterioro del aprovisionamiento de petróleo. El comité, sin embargo, no ha apelado a un uso inmediato de los recursos estratégicos, según el comunicado publicado ayer al término de la reunión en París, tercera que realiza durante la crisis.

"La situación actual de la oferta permanece estable, pero incómoda", dice el comité, que recomienda a cada Estado miembro "tomar todas las medidas necesarias para estar dispuestos a permitir que las autoridades competentes reaccionen inmediata y eficazmente para aplicar las medidas de utilización de los stocks y limitar la demanda, o movilizar las capacidades de producción de punta en caso de urgencia desde que aparezca todo nuevo déficit apreciable en los abastecimientos petroleros". Según el comité, las previsiones globales para el consumo de 1990 son de un 53,3 millones de barriles diarios, y la oferta será de 53,2, con lo que el déficit será prácticamente nulo.Creada en 1974, tras la primera crisis petrolera, la IEA es una organización que integra a 21 países industrializados.

El Organismo Internacional de la Energía, que es una institución autónoma de la OCDE, con la que comparte sede en París, cuenta con un Grupo Permanente sobre las Cuestiones Urgentes (GQU), para supervisar el sistema de gestión previsto en caso de crisis. Este sistema no ha sido utilizado nunca ya que hasta ahora el nivel normal de abastecimiento de petróleo de uno o de varios países miembros nunca se redujo a menos del 7%, y éste es el umbral fijado por los expertos para ponerlo en marcha.

Ensayos periódicos

Pero el mecanismo está siempre dispuesto para entrar en funcionamiento gracias a ensayos operacionales periódicos que se efectúan cada dos años, aproximadamente. Las principales medidas que incluye prevén la repartición internacional del abastecimiento de petróleo bajo la dirección del director ejecutivo de la IEA, Elga Steeg, nombrada para esta función, en julio de 1984. La principal medida del sistema de urgencia es el recurso a la utilización de las reservas estratégicas.Huidobro, en una conversación informal con periodistas españoles, subrayó durante una pausa de las reuniones que en la última crisis petrolera el barril subió a 40 dólares, pero que el equivalente actual, teniendo en cuenta la inflación, sería el barril a 60 dólares. Esta última cifra ha sido barajada por los expertos como probable (y hasta 65 dólares) en caso de que estalle el conflicto armado.

La reunión de la IEA se produce un día después de que Bush autorizase a vender cinco millones de barriles de sus stocks estratégicos de los 590 con que cuenta Estados Unidos en un gesto simbólico para estabilizar los precios. Sin embargo, una alto responsable del Organismo Internacional de la Energía ha manifestado que la IEA sólo apelaría a utilizar reservas estratégicas "en caso de penuria física de crudo, y no para calmar las fluctuaciones de los precios".

Los stocks gubernamentales al primero de octubre están en igual nivel que el uno de agosto, es decir, 1.030 millones de barriles, de los que 590 son de Estados Unidos, 206 Japón y 194 millones de barriles de la RFA. "Poner en el mercado las reservas estratégicas", ha dicho la misma fuente, "tendría un efecto muy limitado en el mercado, ya que éste se rige más por el riesgo de guerra que por el juego de la oferta y la demanda".

Si la guerra estalla y se dañan las intalaciones saudíes el precio del barril podría alcanzar los 100 dólares, ha manifestado el ex ministro de Petróleo de Arabia Saudí, Ahmed Zaki Yamani, quien considera, sin embargo poco probable que Irak pueda arrasar los pozos saudíes.

En España, Campsa ha manifestado que dispone de 1.800.000 toneladas de petróleo que, unidas al stock del resto de las compañías, garantizan el abastecimiento como mínimo, hasta fin de año.

Por último, las cinco principales empresas británicas de petróleo han sido declaradas inocentes de los cargos de aumentos ilegales de los precios de los carburantes desde el inicio de la crisis del golfo Pérsico. La Oficina de Comercio Justo afirmó al término de un mes de investigaciones que no existen "razones de base" para criticar estos incrementos.