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Calumnias y delitos contra el honor en prensa serán castigados con multas en procesos judiciales rápidos

Anabel Díez

Todos los grupos parlamentarios apoyaron ayer en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley presentada por Convergència i Unió para que los delitos de injurias y calumnias cometidos a través de los medios de comunicación sean castigados con multas económicas -y no con privación de libertad- en procesos judiciales rápidos. El texto incluye que los delitos contra el honor de las personas se rectifiquen con prontitud. La iniciativa fue apoyada por los 258 diputados presentes en el hemiciclo.

El Gobierno facilitará a los jueces instrumentos legales para que resuelvan con celeridad las denuncias por lesiones al derecho al honor, sustituyan las penas de cárcel en delitos de calumnias e injurias por la "generalización de penas pecuniarias" y exista la capacidad de rectificación inmediata ante lo que se considere "mentira o falsedad". El pleno del Congreso, por unanimidad, aprobó que el Ejecutivo remita en el plazo de tres meses las modificaciones legales pertinentes. Dirigentes socialistas reconocieron que se trata de arbitrar "penas asequibles" cuando se lesione el honor, ya que hasta ahora no suelen tener castigo los delitos de calumnia o injuria, dado que el Código Penal prescribe penas de cárcel, lo que habitualmente es considerado por los jueces excesivo en relación con el daño ocasionado.La unanimidad en la votación de ayer responde a autorizar al Gobierno a remitir esas modificaciones, y así acceder a un debate aunque sea en contra de lo que el Ejecutivo pretenda. Los portavoces del CDS, Alejandro Rebollo, y de Izquierda Unida, Pablo Castellano, mostraron sus reservas, pero fueron partidarios de aceptar la propuesta para que en su día cada cual pueda exponer sus alternativas."Preocupación" socialista

Lo cierto es que esta iniciativa de Miquel Roca entra en conexión con la "preocupación" del PSOE desde hace meses en relación con el comportamiento de algunos medios de comunicación, que a su juicio cometen ."excesos" que quedan en la impunidad. Asimismo, dirigentes socialistas aseguran que hoy no existe mecanismo alguno para rebatir "la falsedad".

A este respecto, el propio Miquel Roca señaló ayer la necesidad de "proscribir la mentira". El portavoz catalán aseguró que esta iniciativa tenía que ver con la necesidad de "compatibilizar la libertad de expresión con el derecho al honor a la intimidad y a la propia imagen". Roca considera que el actual ordenamiento es anticuado e insta a cambios tanto en la ley del derecho al honor, en el Código Penal, y el establecimiento de algún mecanismo que permita rectificar los supuestos de falsedad.

Además de Alejandro Rebollo, por el CDS, y el propio Roca, tomaron la palabra para apoyar la iniciativa José Cañellas, del Grupo Popular; Pablo Castellano, de Izquierda Unida; Luis Mardones, de las Agrupaciones Independientes de Canarias, y el portavoz socialista Joan Manuel del Pozo.

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Pablo Castellano aseguró que estaba en desacuerdo con la literalidad de la propuesta de Roca, aunque el proyecto que traiga el Gobierno será útil para discutir, entre otras cosas, la utilización de la ley del derecho al honor, que, a su juicio, ha servido en ocasiones o bien para politizar algún asunto o para uso mercantilista.

Los proyectos que el Gobierno tendrá que enviar si atiende los criterios esbozados por Roca modificarán en primer lugar la citada ley del honor para potenciar esta vía civil, "y mantener los preceptos del Código Penal como última ratio y evitar dilaciones procesales o reenvíos entre órganos jurisdiccionales". El segundo punto dé la proposición no de ley de Roca establece la modificación del Código Penal para simplificar- la regulación sobre calumnias e injurias, para "limitar las penas privativas de libertad a supuestos muy específicos y abrir, por el contrario, la alternativa generalizada de penas de carácter pecuniario".

Asimismo, pide modificar todas aquellas disposiciones necesarias para proteger de forma efectiva el honor y garantizar "los mecanismos de rectificación de errores y restablecimiento de la verdad frente a los supuestos de falsedad dolosa".

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Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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