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63 familias dejan sus chabolas por 21 millones

Dos excavadoras de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento del Suelo (SEPES) derribaron ayer el centenar de chabolas que han ocupado durante diez años unas sesenta familias gitanas -27 procedentes de Extremadura y 36 de Portugal- en el polígono Regordoño de Móstoles.

Después de cuatro años de dificultades, la SEPES tiene ya vía libre para construir un gran polígono industrial en los 600.000 metros cuadrados de suelo del poblado, después de que los gitanos extremeños aceptaran cobrar 21 millones de pesetas -19 para ellos y 2 millones para las familias portuguesas- como indemnización para dejar sus chabolas.

Los antiguos habitante s del poblado pensaban ayer instalar de nuevo sus chozas en algún paraje adecuado de los alrededores.

Millones en metálico

Los habitantes de las infravíviendas, situadas frente a la carretera de Fuenlabrada, no permitieron a los operarios de las excavadoras realizar su trabajo hasta que, acompañados de una escolta policial, los representantes de la SEPES y el jefe de los gitanos, Antonio Romero Vargas, se dirigieron a un banco de Móstoles a hacer efectivo el talón de 21 millones que hizo posible la retirada de los chabolistas y el comienzo del derribo.En el transcurso de la mañana, se produjeron enfrentamientos entre los distintos clanes del asentamiento por el reparto del dinero de la indemnización. Especialmente tenso fue el momento en que uno de los extremeños, que llegó a bordo de un lujoso coche equipado con teléfono móvil, se enfrentó con Romero Vargas por el inonto de. su parte. Finalmente, con la esperada presencia en metálico de los 21 millones, los gitanos extremeños se reunieron en una de las chabolas y repartieron la indemnización mientras que las máquinas comenzaban a derribar sus casas.

Los chabolistas portugueses -más de la mitad de los -habitantes del asentamiento- habían abandonado antes sus chozas "por temor a represalias de los extremeños", según manifestó su abogado, Juan Carlos Rois. Los portugueses no aceptaron los dos millones de pesetas gestionados por los extremeños para ellos, y demandan una vivienda digna. Estas personas se trasladaron a las inmediaciones de la estación de ferrocarril de El Soto a la espera de encontrar un nuevo sitio donde vivir.

Diversas asociaciones, como Presencia Gitana y Cáritas, denunciaron ayer el agravio comparativo del que, en su opinión, fueron víctimas los portugueses, que, afirman, están empadronados en Móstoles.

Desalojado ya el asentamiento, la SEPES comenzará "de inmediato" la construcción de un polígono de 180.000 metros cuadrados de edificación, según dijo su presidente, Gonzalo Navarro.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 20 de septiembre de 1990