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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

"Z", en El Salvador

LA INVESTIGACIÓN judicial sobre la matanza de seis jesuitas y dos trabajadoras en la Universidad Centroamericana (UCA) de San Salvador. en noviembre del año pasado avanza con la misma lentitud y semejante fortuna que otras investigaciones sobre crímenes de las tramas negras en otros países en los que el Ejército ha desempeñado una actividad política desestabilizadora. El retraso en el esclarecimiento de las responsabilidades y de la autoría del asesinato colectivo en la capital centroamericana irrita, por ejemplo, tanto como las dificultades con que topaba el juez heleno en su investigación del asesinato del diputado Lambrakis por elementos militares en la Grecia inmediatamente anterior al golpe de Estado de los coroneles y que inspiraría la célebre película de Costa Gavras Z.Las sospechas del primer momento sobre la responsabilidad de elementos del Ejército en la matanza de Ellacuría y sus compañeros se afianzaron pronto con pruebas más que circunstanciales. El Gobierno español, escandalizado por el asesinato de sus nacíonales (cinco de los ocho muertos lo eran), protestó airadamente, y, ante la sospecha de un probable encubrimiento de los autores, envió a dos inspectores de policía a coadyuvar en la investigación. Poco parecen haber esclarecido. En todo caso, nada se ha dicho sobre los eventuales resultados de esas pesquisas. El Gobierno tiene la obligación de seguir presionando al salvadoreño en favor del completo esclarecimiento del crimen. Tras reacciones inicialmente firmes, Madrid ha permitido que su irritación -motivada por la emoción de la opinión pública- pierda fuerza y se desvanezca. Resultará significativo, por ejemplo, comprobar la reacción del ministro español de Exteriores ante el brutal asesinato hace pocos días de la médica española García Arandigoyen por soldados salvadoreños regulares.

El juez salvadoreño Ricardo Zamora, encargado del caso de la matanza de la UCA, ha ido progresando en sus averiguaciones con extremada lentitud, entre otras cosas porque se ha visto obligado a sacar a cada paso los palos que el Ejército le iba poniendo en las ruedas de su investigación. Un día eran quemados documentos, otro desaparecían testigos o cambiaban sus declaraciones. Poco a poco iban siendo eliminados los sospechosos de mayor entidad o graduación militar, de tal modo que el único que queda es el director de la academia militar, coronel Benavides, mando que parece haber dirigido la sangrienta operación. Con él son 11 los militares que están en prisión incondicional.

Sin embargo, los antecedentes permiten dudar de que alguna vez lleguen a ser castigados los verdaderos autores e inductores de la matanza. Es, en efecto, ilusorio esperar que llegue a sentarse en el banquillo un hombre de tan violento y turbulento pasado como el mayor D'Aubuisson, líder de la ultraderechista Arena, contra quien por fin parecen existir pruebas concretas de, participación en el asesinato de óscar Romero, arzobispo de San Salvador, y cuyas siniestras actividades parecen íntimamente ligadas a escuadrones de la muerte y a turbias operaciones militares.

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