Solchaga augura despidos y cierres de empresas si no hay un pacto para moderar saIarios y beneficios

"Somos más pobres que antes de la crisis", por ello "todos tenemos que hacer un esfuerzo de buena fe porque quien se escape a esta responsabilidad lo pagará con el cierre de empresas y mayor desempleo". El ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, lanzó ayer así su cuarto de espadas para defender restricciones en el aspecto monetario, el fiscal y las rentas, "en contra de quien propugna que ante esta situación hay que hacer una política expansiva".Con esta estrategia, el impacto de la crisis del golfo Pérsico será "más corto y menos costoso", explicó Solchaga tras la reunión del Consejo de Ministros, donde se volvió a debatir el proyecto de Presupuestos del Estado para 1991 y el cuadro macroeconómico, bajo el nuevo prisma de la crisis del Golfo. La previsión del Gobierno es que el precio del barril de petróleo alcance este año una media de 25 dólares y que para el año próximo se sitúe entre 20 y 25 dólares. Ello con la esperanza de que no se produzca una catástrofe total.

Más inflación

En estas condiciones y con la adopción de medidas, la crisis se traducirá para España en una inflación que en 1990 superará en cerca de un punto a lo previsto (5,7%) y tendrá un impacto de 1,5 puntos en 1991. El déficit exterior se situará este año en el 3,6% del PIB, como incialmente se había estimado; es decir, se retrocederá todo lo avanzado hasta ahora que había provocado una revisión de este objetivo a mediados de año hasta situarlo en el 3,2%. del PIB.

Para 1991, el impacto será de 1,4% del PIB más de lo previsto, pero se podría situar hasta el 5% del PIB en caso de que no se adoptaran las medidas anunciadas. Solchaga se mostró más preocupado por el impacto en el déficit exterior que en la inflación, ya que la nueva situación internacional de incertidumbre provoca que las entradas de capitales sufran un retroceso.

Todo ello se traducirá en un menor crecimiento económico que este año será de medio punto por debajo del 4% previsto y el año próximo será un punto inferior al 3,6%. estimado.

Para el ministro de Economía y Hacienda, la situación se resume en que "somos más pobres que antes". Por ello, es necesario hacer un esfuerzo, "del que nadie puede escaparse" porque quien lo haga "lo acabará pagando en cierre de empresas y mayor desempleo". El Gobierno ha decidido hacer lo que hasta ahora parece estar en su mano, es decir, continuar un año más con la política monetaria "rigurosa" y aprobar un presupuesto "claramente restrictivo", más inclinado a la moderación en el gasto que al aumento de los ingresos.

Pero estas medidas se consideran insuficientes y Solchaga pidió a empresarios y sindicatos un pacto social para moderar el crecimiento de los salarios y los beneficios. Este pacto se consideraba ya importante antes de la crisis, pero ahora la necesidad es mayor, según el Gobierno. "Si somos realistas, podemos conseguir que la respuesta de la economía española se produzca en un plazo más corto y el coste sea menor", explicó Solchaga.

Para ello urgió a los grupos parlamentarios para que elaboren sus propuestas para un "pacto de progreso" que haga más competitiva a la economía española frente al mercado único de 1993, objetivo que, según Solchaga, sigue vigente. También hizo un llamamiento a empresarios y sindicatos para retormar la segunda fase de la concertación con la intención clara por parte del Gobierno de que se pacte un incremento moderado de las rentas, además de otros aspectos, como lo pendiente de la Plataforma Sindical Prioritaria.

Solchaga apuntó, sin embargo, la dificultad de llegar a acuerdos con los sindicatos debido al actual proceso electoral. "No parece que sea fácil sentarse ahora con los sindicatos y realizar negociaciones rápidas; ahora existe un ambiente de tensión, de la que el Gobierno no se beneficia en nada, en contra de quien habla de campañas orquestadas para romper una estrategia sindical unitaria", puntualizó.

La limitación de los beneficios empresariales se puede concretar, según Solchaga, en una mayor vigilancia sobre los sectores que pactan aumentos de precios y en la posibilidad de crear fondos de inversión.