Los controladores aéreos de Zaragoza se niegan a instruir a los militares

El plazo dado por la Dirección General de Aviación Civil a los controladores del aeropuerto de Zaragoza para que solicitaran un traslado voluntario, ya que van a ser sustituidos por personal militar, concluyó ayer a las 14.00 horas. Los controladores civiles se negaron ayer a facilitar instrucción a los militares ya que, en su opinión, sólo tienen obligación de hacerlo cuando se trate de personal perteneciente al colectivo de funcionarios de controladores o que se encuentren en periodo de prácticas, caso que no es el de los militares.Tres controladores militares se incorporaron ayer al citado centro para iniciar su periodo de preparación con vistas al relevo escalonado del personal civil en cumplimiento de un decreto de Consejo de Ministros del pasado mes de mayo. El Ministerio de Transportes acordó en dicho decreto unificar el control del espacio aéreo de Zaragoza pasando a manos de los militares. Esta medida fue protestada por diversos colectivos e instituciones, entre ellas el Gobierno autónomo.

Los tres controladores militares usaron para su entrenamiento la única pantalla de radar suplente con que cuenta el centro. Fuentes de los controladores civiles declararon que esto puede representar algún problema en el control en el caso de que sufra alguna avería la pantalla que usan habitualmente.

Sólo una controladora, de un colectivo de 16 personas, firmó la solicitud de traslado, una hora antes de concluir el plazo, y el destino pedido es Alicante. En el centro de control del aeropuerto de Zaragoza se vivieron ayer por la mañana momentos de tensión. El jefe del centro expulsó de la sala a nueve controladores que permanecían en el recinto siguiendo el proceso pese a no estar de servicio.

Los controladores civiles solicitan que el Gobierno paralice el proceso de sustitución hasta tanto no se pronuncien los tribunales respecto a los recursos presentados.

Los sindicatos de controladores han presentado recursos contra el decreto ministerial y el plan de sustitución ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.