Roces con el Ministerio del Interior

., A Baltasar Garzón tampoco le gustó la intervención del coronel Arsenio Ayuso, todavía jefe del Servicio Fiscal de la Guardia Civil, en la entrevista con José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco, uno de los fugados de la Operación Mago, según fuentes de la Audiencia Nacional.

Garzón se negó a incorporar al sumario las declaraciones de Sito Miñanco al coronel, en las que aquél se autoexculpaba de toda responsabilidad en el tráfico de drogas (véase EL PAÍS, del 19 de agosto de 1990). Desde un punto de vista jurídico, resulta extraño que un fugado de la justicia hable con un jefe de la Guardia Civil, y que éste trate de incorporar la conversación al sumario, en lugar de presentarse ante el juez que tiene dictada orden de busca contra aquél.

El caso es que, después de 14 años al frente del Servicio Fiscal de la Guardia Civil, el coronel Ayuso ha sido sustituido por el teniente coronel Federico Quintero. Oficialmente, la medida se debe al paso de Ayuso a la reserva activa. En realidad se trata de una retirada esperada desde hace ocho o nueve meses en los servicios de lucha contra el contrabando y el narcotráfico.El coronel Ayuso ha contado siempre con el apoyo de la dirección del Insituto armado, pese a las dudas que algunas actuaciones de aquél han provocado en otros servicios del Estado.

Secreto a voces

En vísperas de una operación de requisa de planeadoras en las rías gallegas, medios informativos de Galicia ofrecieron detalles acerca del plan, de fuentes de la Guardia Civil. Un juez de Pontevedra denegó, incluso, actuaciones pedidas a causa de que las consideraba inútiles después de haberse hecho públicas. Un alto cargo del Gobierno atribuyó la filtración a Ayuso y se quejó al secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera.Los roces entre el juez Baltasar Garzón y algunas autoridades de Interior no son el hecho más importante del sumario 13/90, desde luego. Tampoco tienen nada que ver con el grave enfrentamiento entre el Ministerio del Interior y ese mismo juez cuando éste trató de averiguar si se habían usado fondos reservados en la financiación de la banda terrorista Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). Pero las tensiones no desaparecen.