El juez que investiga a Juan Guerra pedirá las diligencias sobre 'blanqueo' de dinero

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Ángel Márquez Romero, tiene intención de pedir en septiembre a la Audiencia Nacional las diligencias referidas a delitos de blanqueo de dinero en las que se implica a Juan Guerra, hermano del vicepresidente del Gobierno. Ayer, 25 policías prestaron declaración ante el jefe de la Brigada de la Policía Judicial sobre la existencia de un registro de visitas en la Delegación del Gobierno en Andalucía entre 1986 y 1987, extremo negado, entre otros, por el actual delegado, Alfonso Garrido. Algunos policías aseguraron que había control de entrada en aquellas fechas.

Esta prueba se realiza para comprobar si existió libro de visitas en el periodo comprendido entre 1986-1987 y parte de 1988. Algunos de los interrogados confirmaron a José Antonio Vidal, jefe del grupo de la Brigada de la Policía Judicial, que había un control de entrada y que para acceder al recinto era necesario presentar el documento de indentidad y dar cuenta del departamento y la persona visitada. Alfonso Garrido, actual delegado del Gobierno en Andalucía, ha indicado que no existió el libro de visitas en las fechas antes citadas por encontrarse en obras la Delegación.El juez Angel Márquez no sólo investiga la ocupación de un despacho oficial por parte de Juan Guerra; también investiga presuntos delitos de blanqueo de dinero supuestamente cometidos por empresas afines o participadas por el hermano del vicepresidente del Gobierno. No obstante, Ángel Márquez descarta la posibilidad de tomar declaración a Ricardo Portabales, el arrepentido que relacionó a Juan Guerra con el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico.

La Policía Judicial de Sevilla ha entregado ya al juez Márquez abundante documentación sobre la empresa madrileña HRT SA, vinculada a Juan Guerra. Fuentes de la investigación sospechan que HRT ha sido utilizada para blanquear dinero, ya que "carece de actividad" y, sin embargo, financió casi todos los proyectos acometidos por Corral de la Parra, la inmobiliaria matriz de todo el entremado empresarial de Juan Guerra.

El diputado del Partido Andalucista (PA), Alejandro Rojas Marcos, ha indicado que su grupo solicitará en septiembre la incorporación al sumarlo de las declaraciones realizadas ante el Congreso por el vicepresidente Alfonso Guerra. Rojas Marcos considera que la declaración del vicepresidente podía ser tipificada como un delito de encubrimiento, al haber negado que conocíera las actividades privadas de su hermano Juan.

Prolongación en Almería

Mientras tanto, Antonio Fernández Saez, concejal independiente del Ayuntamiento de Almeria, que el lunes pasado declaró ante el juez Ángel Márquez, aseguró ayer en rueda de prensa que en ningún momento ha formulado acusaciones contra el alcalde de esa ciudad, Santiago Martínez Cabrejas y que pretende la apertura de una investigación judicial y política sobre las manifestaciones de Francisco Medina Vadillo, que acompañó a Antonio Guerra en sus visitas a ediles almerienses en octubre del año pasado, informa Ángel González.

El concejal afirmó que Medina asegura que el alcalde, se comprometió con Antonio Guerra a recalificar 20 millones de metros cuadrados de terrenos próximos a la futura autovía y que el hermano del vicepresidente había recibido un millón de pesetas a cuenta por la mediación.

El presidente del Congreso de los Diputados, Félix Pons, aseguró en Palma de Malllorca al periódico El día 16 de Baleares que "el PSOE actuó con cierto retraso en el caso Guerra, pero está claro que no avala las actitudes de los hermanos", informa Efe. "Se ha dado en España este caso", agyregó, "pero podría haber pasado en cualquier país. Creo que los ciudadanos han entendido que no se puede juzgar a todo un colectivo por una actitud de unas personas cuyo comportamiento no se corresponde con nuestro proyecto".