Unos 200 policías informarán sobre las visitas a la Delegación del Gobierno en Andalucía

Unos 200 policías comparecerán a partir de mañana, jueves, ante el jefe de la Brigada de Policía Judicial, de Sevilla, José Antonio Vidal, con objeto de aclarar si existió o no libro de visitas en la Delegación del Gobierno en Andalucía entre 1986, 1987 y parte de 1988.Alfonso Garrido, actual delegado del Gobierno en Andalucía, ha asegurado que no existió libro de visitas por encontrarse en obras en esa fecha la Delegación. Sin embargo, asiduos visitantes del despacho gubernamental que ocupó Juan Guerra entre los años 1983 y 1989 han declarado al juez que instruye el caso Juan Guerra, Ángel Márquez Romero, que sus nombres fueron registrados.

Por otra parte, el juez Márquez afirmó ayer que "por ahora" no ve motivos "para llamar a declarar al vicepresidente del Gobierno", Alfonso Guerra, en relación con los negocios de su hermano Juan.

Ayer regresaron a Sevilla, procedentes de Madrid, Valencia y Alicante, los agentes de la Policía Judicial que han investigado las conexiones de los hermanos Juan y Antonio Guerra con inmobiliarias y cargos públicos, entre ellos varios alcaldes de esas zonas. Fuentes de la investigación afirmaron que las gestiones realizadas por los agentes en Valencia "confirman las líneas de investigación emprendidas" en relación con presuntos delitos de defraudación a Hacienda, prevaricación y blanqueo de dinero.

Los policías han puesto a disposición del juez Márquez abundante documentación sobre cuentas bancarias de personas relacionadas con los negocios de Antonio y Juan Guerra en Madrid. Algunas son de los socios de la empresa HRT, S. A., Arturo López Villasana y José Luis Díaz.

También han sido investigados los movimientos bancarios de la inmobiliaria madrileña Cimsa, la empresa que, según varios testigos, pagó a Antonio Guerra cinco millones por mediar ante el Ministerio de Defensa para conseguir la adjudicación de dos céntricos cuarteles madrileños.

El juez Márquez, que inicia hoy sus vacaciones, tomará declaración en septiembre al delegado del Gobierno en Andalucía.

Mientras tanto, el juez de Barbate (Cádiz), Miguel López Quevedo, admitió ayer a trámite la querella por presunta prevaricación presentada por el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Cádiz, Jaime Ollero, contra Juan Guerra y otras cinco personas, entre ellas el alcalde de esta localidad gaditana, el socialista Serafin Núñez. La querella del fiscal Ollero afecta, además, a tres miembros de la comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Barbate (Rafael Quirós Lara, Francisco Tamayo Bernal y Diego Guerrero Sánchez) y a José Garrido López, promotor de la inmobiliaria Puerto Zahara. Esta empresa consiguió, merced a la mediación de Juan Guerra, que el Ayuntamiento de Barbate diera luz verde a la construcción de una urbanización en la localidad de Zahara de los Atunes. Según informaron ayer fuentes de la fiscalía de Cádiz a este periódico, los implicados son los citados, "sin perjuicio que pueda ampliarse o reducirse la acción penal".