La reforma aplazada
LOS ANTEPROYECTOS de Ley sobre la Renta y Patrimonio que finalmente ha aprobado el Gobierno han sufrido tantos recortes y matizaciones que difícilmente se puede hablar de una reforma fiscal. A última hora se ha impuesto el frío pragmatismo de las necesidades de recaudación, con lo que la proyectada reforma ha quedado reducida a una adecuación de estos dos impuestos a la sentencia del Tribunal Constitucional del 20 de febrero de 1989 -que establece que los ciudadanos no deben soportar una mayor carga fiscal -por razón de matrimonio- y a una modernización de los mecanismos de recaudación.Para este viaje no hacían falta ni tantos encuentros con los más destacados expertos ni el esfuerzo que ha supuesto la elaboración del Libro Blanco sobre la reforma de la imposición personal. Los debates planteados en las reuniones con los expertos, en los que han participado amplios sectores de la opinión pública y, sobre todo, el Libro Blanco -con un fuerte contenido autocrítico y rigurosas reflexiones sobre la eficacia y la equidad de estos impuestos- habían despertado muchas expectativas, que finalmente han quedado totalmente sepultadas.
En el propio Libro Blanco, un valioso trabajo que no habría que dejar en el olvido, se proponen determinados cambios en el modelo del impuesto sobre la renta para conseguir "una mayor aceptación social del mismo, mejorar los aspectos de justicia material formal, buscar una mayor neutralidad económica y geográfica de las distintas rentas y ofrecer una mayor simplicidad". Todos estos loables objetivos han sido sacrificados en aras de la recaudación. Mejor dicho, se ha preferido la seguridad que supone mantener la vía de ingresos que proporcionan determinadas fuentes, como son las rentas del trabajo, fácilmente controlables, a correr el riesgo de ampliar la cobertura a otras nuevas cuyo control es más problemático.
Precisamente, uno de los objetivos prioritarios de la reforma anunciada era combinar una mayor progresividad real -procurando que empresarios y profesionales declararan lo que efectivamente ingresan- con una menor progresividad formal -mediante una minoración de los tipos impositivos- para beneficiar a las rentas del trabajo. En otras palabras, se pretendía acabar con la distorsión de la realidad que supone la situación actual de que el 57% de los empresarios declare menos de un millón de pesetas de renta, frente a un 31% de trabajadores, según el Instituto de Estudios Fiscales. El mayor control sobre empresarios y profesionales no entrará en vigor hasta 1992, con lo que este aspecto de la reforma también queda aplazado.
Otro dato inquietante es el de que si en 1979, primer año que entró en vigor el impuesto actual, el número de declarantes de IRPF era de cinco millones, en la actualidad el número es de casi nueve millones de personas. Ello refleja un notable aumento de la conciencia fiscal, pero también conlleva un aumento de riesgo en el caso de que la Administración no consiga una aceptación del impuesto en consonancia con el nivel de implantación que tiene. En el transcurso de estos años, los ciudadanos no sólo han asumido sus deberes fiscales; también son más exigentes con respecto a sus derechos, que no son otros que los de recibir a cambio unos servicios públicos acordes con sus tributos. En cualquier caso, lo que resulta arriesgado es abrir un debate a fondo sobre un tema en el que los intereses están cada vez más delimitados y después zanjarlo por otras razones que no han entrado en la discusión. Los primeros pasos del reformismo fiscal apuntaban hacia una buena dirección, incomprensiblemente interrumpidos con una urgencia nunca explicada. Al fin y al cabo, se podía haber aplazado un año más su entrada en vigor, de la misma forma que por el momento no se aplicará a profesionales y empresarios.
Por lo demás, las modificaciones introducidas como la reducción de la tributación de la vivienda y la exoneración de las rentas de trabajo inferiores al millón de pesetas son de las pocas medidas que recogen el espíritu inicial de la reforma. Queda aún el debate parlamentario, en donde el propio Gobierno podría recoger sus propuestas iniciales y retomar el camino de la reforma que con tan buen tino había iniciado.
