Condenados a la ilegalidad

Soy abogada y tengo un cliente originario de un país africano que presta servicios como técnico administrativo en una embajada. Ésta ha pretendido su inclusión en la Seguridad Social, al igual que la del resto de los trabajadores, en cumplimiento: a) del Convenio de Viena de 1961, derecho aplicable en España y que establece la obligatoriedad de la inclusión en los sistemas de la Seguridad Social del país para todos los trabajadores de las representaciones diplomáticas acreditadas en él que no pertenezcan a la carrera diplomática; b) en cumplimiento, asimismo, de una resolución de la Secretaría General de la Seguridad Social que se pronuncia en similares términos, y c) en cumplimiento, finalmente, de las exigencias que en forma de notas y comunicados ha cursado el Ministerio de Asuntos Exteriores reiteradamente a la embajada en tal sentido.Pues bien, pese a toda esa trama de normas imperativas, mi cliente ha solicitado el permiso de trabajo previo, lógicamente, al alta en la Seguridad Social, y en la Dirección Provincial de Madrid del propio Ministerio de Trabajo, incongruentemente, se lo deniegan basándose en un inexplicable, en este caso, principio de extraterritorialidad. ¿Cabe mayor absurdo por parte de la Administración? ¿A qué se pueden atener estos trabajadores?

Todo ello, en mi opinión, no hace sino acentuar la discriminación de este colectivo, ya que se les condena a la ilegalidad desde instancias a las que correspondería precisamente facilitar su integración.-