La Fiscalía de Cádiz quiere acusar a los responsables de Puerto de la Plata

La junta de fiscales de Cádiz aprobó anteayer por mayoría la presentación de una querella contra los responsables de la tramitación del proyecto urbanístico Puerto de la Plata, en la localidad gaditana de Barbate, según informó ayer el fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, tras entrevistarse con el fiscal jefe de Cádiz, Jaime Ollero.Ollero ya adelantó el pasado mes de junio su impresión de que existían indicios de un delito de prevaricación (dictar a sabiendas una resolución injusta) en la tramitación del proyecto de Puerto de la Plata. El proyecto fue aceptado después de la mediación del hermano del vicepresidente del Gobierno, tal como reconoció el alcalde de Barbate, lo que dio origen al caso Juan Guerra.

Ollero acudió ayer a Madrid para entrevistarse con el fiscal general del Estado y explicarle el acuerdo de la junta de fiscales de Cádiz. Durante la entrevista, Torres, según sus propias palabras, reiteró a Ollero que le dejaba entera libertad de acción para actuar como estime procedente, refrendando con ello tres escritos anteriores dirigidos a la Fiscalía de Cádiz.

A preguntas de los informadores, Torres se negó a concretar quiénes serán los destinatarios de la querella que previsiblemente presentará la Fiscalía de Cádiz. Sobre los posibles querellados, dijo que existen opiniones diferentes entre los fiscales, lo que le sirvió de justificación para no ofrecer ningún dato más.

No obstante, fuentes jurídicas consultadas por este periódico aseguraron que en la reunión de los fiscales de Cádiz se aprobó la presentación de la querella por delito de prevaricación contra los responsables del Ayuntamiento de Barbate y cuantas personas resultasen implicadas en el asunto.

El texto de este acuerdo, aunque no es vinculante para el fiscal jefe de Cádiz, constituye un importante respaldo para Ollero -a quien ahora corresponde la iniciativa de la querella- si decide dirigirla no sólo contra los ediles de Barbate que intervinieron en la autorización del proyecto, sino también contra Juan Guerra, como mediador en la autorización, y contra los promotores de Puerto de la Plata.

Guerra y los promotores

Las citadas fuentes jurídicas arguyeron la dificultad que entranaría la admisión de una querella por delito de prevaricación contra Juan Guerra o los promotores de Puerto de la Plata, dado que en este delito incurren los funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo, cualidad que no reúnen ni Juan Guerra ni los promotores del proyecto urbanístico.De no haber mediado precio o recompensa en la adjudicación del proyecto -lo que implicaría un delito de cohecho-, la única posibilidad de inculpar a Guerra o a los promotores es una hipotética vía de inducción a la prevaricación, que, según dichas fuentes, cuenta con importantes dificultades técnicas de cara a su admisibilidad.