Proceso a la impunidad en América Latina

El autor alude a la actuación de los llamados Tribunales Populares de los Pueblos (TPP) en América Latina. Su objetivo es salvar las lagunas jurídicas internacionales y promover el respeto de los derechos fundamentales de los pueblos.

A muchos años del Estatuto de Nuremberg y a pesar de los notables desarrollos experimentados por la normativa internacional sobre derechos humanos, el limitado alcance práctico de esta última por la acción de los mismos Gobiernos, generalmente signatarios de los distintos pactos, abre un inmenso vacío entre los principios y la realidad en la materia.Esto explica que en 1966 tuviera que ser un grupo de personalidades europeas, convocado por Bertrand Russell, el que, constituido en tribunal de opinión, condenara ante el mundo la barbarie norteamericana desplegada sobre Vietnam.

Más tarde, en 1973, Lelio Basso dio vida al Tribunal Russell II con objeto de investigar las violaciones de los derechos humanos perpetradas en América Latina. El texto constituyente fundaba la legitimidad de esta instancia en el hecho de que, aunque "los Gobiernos han firmado que son los únicos órganos calificados de la sociedad internacional, tal pretensión es tanto menos justificada cuanto la acción internacional de los Gobiernos ha servido mucho más para frenar que para desarrollar el derecho y el progreso de la solidaridad internacional".

Por impulso del propio Lelio Basso surgió después el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), que comenzó a operar en 1979.

El TPP surge, a partir de las ricas experiencias precedentes con la finalidad de suplir las bien conocidas limitaciones de los organismos de justicia, sobre todo internacionales. Y lo hace con el objeto confesado de "promover el respeto universal y efectivo de los derechos fundamentales de los pueblos".

Con esta categoría se alude a la emergencia de nuevas subjetividades dentro de la comunidad internacional: las de los individuos y los pueblos, en particular los sometidos a dominación extranjera o a regímenes autoritarios.Diagnóstico en AméricaPues bien, sobre la base de tales antecedentes, el TPP lleva a cabo actualmente un diagnóstico sobre la impunidad en América Latina.

El TPP está operando en cada uno de los ámbitos nacionales cuya realidad histórica, actual o reciente, justifica la intervención, y lo hace en dos fases. Una primera, mediante sesiones de instrucción en las que un tribunal, formado por jueces del propio país y otros internacionales, recibe en sesión pública denuncias y testimonios y escucha acusaciones y defensas. Después decide si existen méritos para trasladar el resultado de estos trabajos a la sesión de enjuiciamiento, que conocerá en fecha y lugar aún no determinados, de manera global, de todos los fenómenos de impunidad estudiados.

Con este esquema se han celebrado sesiones de instrucción en países como Argentina, Colombia, Paraguay, Brasil, Perú, Bolivia... En todos los supuestos se han elaborado informes sumamente documentados, que se cierran con una declaración en la que el tribunal encargado de la instrucción se pronuncia con carácter provisional sobre la naturaleza de los hechos analizados.

De los casos que han sido objeto de examen tiene particular interés el de Perú.Allí, el tribunal ha considerado, desde luego, las prácticas consistentes en la "detención-desaparición de personas" y las "ejecuciones extrajudiciales" producidas, según la acusación, "de manera sistemática" en el marco de la actuación de las Fuerzas Armadas y policiales en las zonas de emergencia.Bajo el poder castrense

En éstas, el 40% de la población peruana vive sometida a un poder castrense que actúa como verdadero poder de facto, frente al que resultan rigurosamente ineficaces las instituciones democráticas de control y garantía. A tal extremo que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se ha visto obligada a denunciar, a propósito de las violaciones de derechos humanos producidas en ámbitos institucionales, que "en el Perú no sólo se mata, sino que no hay juicio ni castigo para los culpables. En ningún caso la justicia ha cumplido su papel". Y es que, en efecto, la autonomía del poder militar, la pasividad cómplice de otras instancias y la debilidad no siempre inocente del poder judicial son una paradójica garantía... de impunidad.

Pero no es la violencia de marca estatal lo que singulariza el proceso peruano ante el TPP. Éste se ha ocupado también de los grupos alzados en armas (Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru), entendiendo que, no obstante la diversidad de sus planteamientos y la distinta proyección -de incomparable mayor gravedad en el caso del primero-, ambos han cometido actos susceptibles de ser calificados como crímenes de lesa humanidad.

La naturaleza del orden de principios que constituye el derecho de los pueblos exige su aplicación también a quienes, supuestamente por la justicia, se alzan contra el Estado injusto, asumiendo en la propia lo peor de las prácticas de aquél.

Ellos tampoco pueden sustraerse al carácter moralmente vinculante de esas reglas, verdadero patrimonio ético de la humanidad, ni siquiera invocando la coartada inaceptable de actuar en respuesta a la violencia estructural y/o a la violencia represiva del Estado, como se lee en la resolución del TPP firmada en Lima el día 7 de julio de este año.

es magistrado.