El fiscal y la defensa de Pilar Miró piden que se revoque el procesamiento
JULIO M. LÁZARO El ministerio fiscal y el abogado Gonzalo Casado Herce pidieron ayer a la Audiencia Provincial de Madrid que revoque el auto de procesamiento de la ex directora de RTVE Pilar Miró, inculpada por el juez de Móstoles (Madrid) en un delito de malversación de caudales públicos. El acusador, Gonzalo Martínez Fresneda, pidió la confirmación del procesamiento e indicó que las irregularidades contables ascendieron a 30 millones y no solamente a cuatro.
Pilar Miró fue procesada el pasado 26 de marzo, al encontrar el juez indicios de un delito de malversación de caudales del artículo 394.4 del Código Penal, castigado con una pena de reclusión menor (de 12 años y un día a 20 años). Según el auto judicial, la ex directora cargó casi cuatro millones de sus gastos de vestuario al presupuesto de RTVE.En la vista del recurso, su abogado, Gonzalo Casado, aseguró que el comportamiento de Pilar Miró fue "penalmente irreprochable", porque reintegró de inmediato las cantidades. Casado explicó que la ex directora general y la Intervención Delegada en el Ente Público mantuvieron "un proceso de discrepancias" previsto en la legislación presupuestaria. Según el abogado, cuando la intervención interpretó como "privados y no institucionales" los gastos cargados como "vestuario de representación", Pilar Miró reintegró los cuatro millones de pesetas inmediatamente.Devolver el dinero
Esta explicación fue rebatida gráficamente por el acusador de la Unión de Técnicos y Cuadros de RTVE, Gonzalo Martínez Fresneda, quien adujo que, de aceptarse este alegato, "cualquier funcionario puede sustraer 50 millones de pesetas cada mes y si le cogen, devolverlos antes de 10 días y enfrentarse sólo a una pena de suspensión"."Si se demuestra en juicio que Pilar Miró actuó por error o ignorancia, pediremos su absolución, pero esa ignorancia le cuadra muy mal al personaje", añadió el abogado de la acusación. Martínez Fresneda senaló que, aparte de los gastos de vestuario, la suma total de "partidas irregulares", que incluyen comidas y regalos, asciende a 30 millones de pesetas.El fiscal se adhirió a la petición de Casado por estimar que no hubo malversación, sino aplicación indebida para usos públicos de un dinero propio. Tanto el defensor como el fiscal hicieron hincapié en la "desproporción" de la pena señalada en el artículo 394.4, "que se equipara a la prevista para un homicidio o una violación", en frase de Casado.
