¿Desobediencia civil o desacuerdo?

El articulista aclara en este texto la postura de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) sobre el asunto del control sindical de los contratos. Según el autor del texto, la intención manifestada por la CEOE de no colaborar con dicha ley cuando ésta se promulgue ha provocado una polémica que, basada en interpretaciones erróneas, ha dado lugar a acusaciones injustas.

Uno de los puntos que han quedado más oscuros sobre la postura de la CEOE en el asunto del control sindical de los contratos es, al parecer, la intención que hemos manifestado de "no colaborar" con esta ley cuando sea promulgada como tal, ya que nos parece injusta y posiblemente inconstitucional. Las palabras entrecomilladas corresponden al discurso que pronuncié el pasado mes de mayo ante la asamblea electoral de la CEOE, y han dado pábulo a interpretaciones erróneas y a acusaciones de "incitar a la desobediencia civil" o de estimular a los empresarios a incumplir la legislación. No hace mucho, un comentarista político de los que acostumbran a opinar sin tener antes la precaución de informarse mínimamente sobre el asunto opinado hacía una dura diatriba contra la CEOE en las páginas de este mismo periódico, afirmando que "los dirigentes de la CEOE, llevados por malos humores corporativistas, no parecen conscientes de los malos ejemplos implicados en sus coqueteos con la acción directa y los comportamientos sediciososSi la organización patronal siguiera amenazando con incumplir las leyes que les disgustan, ¿cómo podría condenar mañana las exhortaciones a la desobediencia civil de los grupos radicales?".

Más recientemente, y también desde EL PAÍS, el profesor Santiago González Ortega opinaba, con más mesura pero con la misma inexactitud, que "con esta postura, la CEOE se estaría arrogando la facultad de decidir acerca de la constitucionalidad de una ley, pretendiendo con ello suplantar a las instancias jurisdiccionales que son las llamadas por la propia Constitución que se invoca para emitir un juicio de esta naturaleza".

El citado profesor también critica el propósito, enunciado por la CEOE, de consultar previamente al trabajador afectado para conocer si desea o no que su contrato sea conocido por los sindicatos.

Visto todo lo anterior, no deja de tener su gracia que sea precisamente a las organizaciones empresariales y a la CEOE, celosas cumplidoras de la legislación vigente y acatadoras por sistema de las sentencias de los jueces, a quienes se les acuse de "desobediencia civil" o de "comportamientos sediciosos". Para nosotros, y para cualquiera que razone con un poco de lógica, son "comportamientos sediciosos" otros muy distintos. Por ejemplo, sabotear la televisión española con motivo del llamado eufemísticamente paro general. También son comportamientos sediciosos recurrir al piquete violento, a la rotura de cristales, al sabotaje de instalaciones, puertas o cierres, para sacar adelante una huelga; retener a directivos de empresas para obligarles a transigir, y una colección muy extensa de prácticas sindicales reiteradas que, sin embargo, nunca he visto criticadas por los mismos que ahora acusan a la CEOE de "desobediencia civil".

Legitimidad

El profesor González Ortega tiene la obligación de saber que una ley no tiene por qué ser siempre legítima, y que precisamente para dilucidar estas cuestiones se inventaron los tribunales de justicia. Cuando la CEOE dice que "no colaborará" con la aplicación de¡ control sindical de los contratos no dice que incumplirá esa ley. Porque en el mismo texto legal se establece lo que le sucede al empresario que no entregue los contratos: incurrirá en infracción de carácter grave, se le impondrá una multa y podrá llevar el asunto a los tribunales, que serán a la postre los que o bien le obliguen a materializar la entrega o le den la razón. Pero todo dentro del marco normativo vigente y recurriendo a los cauces adecuados y civilizados propios de un Estado de derecho.

Estos casos se dan muy a menudo en los países en que los ciudadanos están provistos de las suficientes garantías jurídicas. Cuando se sufre una inspección de Hacienda, cuando a un particular se le lleva el Coche la grúa, cuando se le obliga a pagar una tasa, etcétera, los ciudadanos pueden recurrir ante los tribunales, y a menudo tienen éxito. Los empresarios hacemos lo mismo. Todos recordarán que la última vez fue con motivo de la obligación de pagar las cuatro horas libres para votar que se establecieron en el referéndum sobre la OTAN, en 1986. La organización empresarial del metal de Zaragoza entabló recurso, y el Tribunal Supremo le dio la razón. Está claro que si el Gobierno desea regalar a los asalariados medio día de vacaciones para estimular la participación ciudadana, puede hacerlo, pero no con el dinero de los empresarios.

En CEOE estamos en desacuerdo con este proyecto de ley, y no facilitaremos su cumplimiento, de la misma forma que sectores empresariales y profesionales concretos (el periodístico, por cierto, lo hace muy a menudo) se oponen con frecuencia a entregar listas, datos o documentos que en su opinión no les son exigibles o que pueden poner en peligro derechos fundamentales. Unas veces los tribunales les dan la razón y otras se la quitan, pero no por ello tienen que sufrir acusaciones de "desobediencia civil" y otras lindezas por el estilo.

Control sindical

Estoy seguro de que con esto del control sindical de los contratos va a pasar lo mismo: los jueces dirán si es admisible que un tercero, perteneciente a una organización privada y casi siempre política, tenga derecho a conocer los datos de una relación contractual específicamente privada, de la que ya se informa, por otra parte, a las autoridades públicas competentes. Y se pronunciarán los jueces no solamente porque haya empresarios que lleven el asunto a los tribunales. También serán numerosos los trabajadores que se nieguen a sufrir este control, que supuestamente les beneficia, pero sólo supuestamente, ya que el hecho de que sea obligatorio nos hace pensar que quienes se lo han inventado no están muy seguros de que el benéfico control fuese aceptado si fuera solamente voluntario. "Ama a tu prójimo, pero lleva un palo", dicen los norteamericanos. Los sindicatos españoles dicen algo parecido: "Esto es por vuestro bien, pero por si acaso no os lo creéis, lo convertimos en obligatorio".

Por último, desearía puntualizar una de las tesis que sostiene el profesor González Ortega, según la cual, las apelaciones al derecho a la intimidad que hace la CEOE en este asunto no son más que una excusa, añadiendo que la CEOE "parece reivindicar una especie de extraño derecho a la clandestinidad en la fijación de las condiciones de trabajo".

Yo no sé por dónde ve esa clandestinidad el profesor González Ortega, cuando actualmente el contenido de cualquier contrato debe ser remitido al Ministerio de Trabajo, al Inem y a otras instituciones públicas, y el propio trabajador tiene su copia, que puede facilitar a quien le plazca.

Precisamente porque todos esos controles ya están establecidos, nos parece tan innecesario como peligroso que además se deban entregar los contratos obligatoriamente a unos delegados de organizaciones muy respetables, pero que no forman parte de los poderes del Estado.

¿Controles?, los que hagan falta para evitar el fraude (todo fraude perjudica a los empresarios, porque supone siempre competencia desleal), pero que los efectúen funcionarios dotados de independencia de criterio y sometidos a su vez a controles rigurosos en su propia actuación. ¿Inspecciones?, las precisas, sean éstas cuales sean, pero que no las hagan miembros de organizaciones políticas o politizadas, sino expertos independientes al servicio de la Administración. ¿Qué dirían los ciudadanos si, con el pretexto de escasez de plantilla, se aprobara una ley por la cual a partir de ahora las Inspecciones de Hacienda las harán militantes de partidos políticos?

José María Cuevas es presidente de la CEOE.