El Justicia de Aragón critica la tolerancia hacia los militares de Estados Unidos

El Justicia a de Aragón, Emilio Gastón, ha remitido a distintas instituciones autonómicas y estatales un informe en el que critica la "tolerancia de la Administración hacia las posturas entorpecedoras de los controladores [militares] norteamericanos" de la base de Zaragoza"; así como "la benignidad" del Gobierno "a la hora de exigir que los aviones de combate" de los EE UU que operan en el espacio aéreo de la región, cumplan determinadas normas.

El informe del Justicia, organismo equivalente al Defensor del Pueblo a nivel de la comunidad autónoma, es consecuencia de las quejas provocadas por los numerosos incidentes que protagonizan los cazas norteamericanos y de la polémica generada por la decisión de suprimir la presencia de controladores civiles en el aeropuerto de Zaragoza.

Tras describir los principales incidentes aéreos de los últimos meses, el Justicia concluye que la "sensación de inseguridad está totalmente justificada". Su informe discrepa, sin embargo, de la solución adoptada por el Gobierno, consistente en militarizar el control aereo aragonés.

Decreto ilegal

Emilio Gastón asegura que el incremento del tráfico militar del principal aeropuerto aragonés, en detrimento del civil, esgrimido por el Gobierno para ponerlo bajo control exclusivo del Ejército del Aire, no es un hecho ajeno a la Administración, sino consecuencia de "una opción, por lo menos a determinados niveles ministeriales, a favor de la base inilitar". La degradación de la categoría del aeropuerto, la sustitución de la compañía Iberia por Aviaco, la supresión de algunos vuelos y la no instalación de un radar adquirido para el control de su espacio aéreo sirven al Justicia para afirmar que "parece haberse buscado" la inviabilidad de las instalaciones civiles.Pese a reconocer su casi absoluta falta de capacidad para intervener en el asunto, Emilio Gastón afirma que "hay suficientes indicios para entender que el real decreto [que militariza el control aéreo de Zaragoza] podría ser ilegal por haberse excedido el Gobierno en el uso de una facultad" que la legislación sólo le permite utilizar "en circunstancias especiales que entendemos no concurrían" en este caso.

Por ello, se dirige al Defensor del Pueblo "para que vea si procede adoptar las medidas oportunas" ante los ministerios competentes; a la Diputación General de Aragón, "con la sugerencia expresa de que, si se estima factible, se inicien medidas encamínadas a impugnar en vía contencioso-administrativa" el citado decreto; y a las Cortes autónomicas y al Gobierno central, para que tengan conocimiento del mismo.

El Justicia concluye manifestando su solidaridad con el acuerdo del Ayuntamiento zaragozano, de 31 de mayo pasado, en el que se calificaba de "lesivo para los intereses de Aragón" el decreto sobre el aeropuerto y "se pedía su inmediata derogación".