España carece de legislación para defender la intimidad personal

La Comisión Europea aprobó ayer una paquete de seis propuestas, entre ellas dos proyectos de directiva, para proteger a los ciudadanos comunitarios de las amenazas contra su intimidad personal que representan la informática y las telecomunicaciones digitalizadas. España es uno de los siete países de la CE que han suscrito el Convenio del Consejo de Europa de 1981, pero "no tiene legislación nacional conforme al convenio ratificado", declaró ayer el vicepresidente de la Comisión, Filippo Maria Pandolfi.La protección de los datos personales y la intimidad es uno de los derechos fundamentales del individuo, pero su protección es muy dispar en Europa, según el proyecto aprobado ayer por la Comisión Europea. España, Italia, Bélgica, Portugal y Grecia carecen de leyes nacionales de este tipo. El caso de España es el más paradójico, porque es el único de este grupo de rezagados que ratificó el convenio que el Consejo de Europa aprobó en 1981 para asegurar la privatidad de las telecomunicaciones.

Esta situación, según Pandolfi, "no sólo amenaza los derechos individuales, sino que compromete la puesta en marcha de todo el mercado único y, en particular, los servicios de información y telecomunicaciones". La informática y la digitalizaclón abren nuevos caminos al progreso, aunque a la vez "plantean numerosos riesgos para los individuos y para los intereses económicos y estratégicos de los usuarios de la información".

Llamadas del usuario

No se trata sólo de espionaje industrial, de la violación de las bases de datos o del control policial de los ciudadanos. Basta un sencillo ejemplo: el listado de teléfonos a los que se ha llamado incluido en las facturas de las compañías de algunos países de la CE permiten establecer con fecha, hora y duración exactas la lista de contactos del usuario. La propuesta, según Pandolfi, permitirá que "esa información se mantenga sólo durante el tiempo hábil de reclamación; después habrá que destruirla". Las comunicaciones digitales permiten a los ordenadores rastrearlas e identificarlas. En dos o tres años estarán digitalizadas el 70% de las llamadas a larga distancia y el 30% de las locales.

La directiva propuesta por la Comisión intenta establecer reglas más claras de protección en lo que se refiere a las transmisiones de todo tipo efectuadas de país a país. Una autoridad nacional nombrada al efecto de un grupo comunitario encabezado por la Comisión Europea, asumirán la labor de control. Otra directiva más concreta tiene como fin la protección de las telecomunicaciones a través de redes digitales.

El resto de las propuestas van dirigidas a que todos los países de la Comunidad se doten de estas normas mínimas de protección y a extender estos mecanismos de defensa del individuo incluso a las áreas donde la CE no tiene competencia.