El juez exige una fianza de 100 millones de pesetas a un socio de Juan Guerra acusado de delito fiscal

El juez de Sevilla que instruye las diligencias del llamado caso Juan Guerra, Ángel Márquez Romero, exigió ayer una fianza de 100 millones de pesetas a Francisco López Martín, amigo íntimo y socio del hermano del vicepresidente del Gobierno, como presunto autor de un delito fiscal. López Martín, ex socio de Construcción Modular Andaluza (Comasa), "no ha hecho nunca la declaración de la renta", aseguró ayer el juez tras tomarle declaración por segunda vez en el sumario que instruye por las querellas de IU y PA.

López Martín es la primera persona del entorno de Juan Guerra a la que el juez Márquez exige una fianza en concepto de responsabilidad civil. Esta medida tiene carácter cautelar y su objetivo es garantizar el cobro de lo defraudado a Hacienda si "después se confirma que ha cometido un delito fiscal", subrayó el juez.Según consta en las diligencias judiciales, López Martín ha dejado de declarar a Hacienda al menos 104 millones de pesetas, correspondientes a ingresos que obtuvo en 1988 y 1989 por su intervención en distintas operaciones financieras. Entre ellas se incluye la venta de sus acciones de la empresa Comasa, y los 80 millones de pesetas que prestó a Juan Guerra. Parte de este dinero, lo utilizó el hermano del vicepresidente para adquirir la finca en la que hoy reside, Las Brujas.

López Martín declaró ayer ante el juez por espacio de tres horas y, antes de las 15.00 horas de hoy, deberá depositar en el juzgado la citada fianza. En caso contrario, le serán embargados sus bienes personales.

Además, López Martín dejó de declarar 40 millones de pesetas del ejercicio de 1988 y otros 64 millones correspondientes al de 1989, obtenidos por la venta del 66% de sus acciones de Comasa.

Tales acciones las enajenó muy revalorizadas, poco tiempo después de que Comasa consiguiera del Ayuntamiento de Sevilla una licencia para construir un hotel de lujo en unos terrenos propiedad de Mercasevilla. Comasa obtuvo tal licencia cuando Adolfo Guerra, otro de los hermanos del vicepresidente del Gobierno, formaba parte de la junta directiva de Mercasevilla.

María Dolores García Ramos, esposa de López Martín, también figura como socia fundadora de Comasa, y en círculos judiciales se cree que era "la testaferro de Juan Guerra" en esta sociedad, constituida con un capital de 300.000 pesetas.

El abogado de la acusación particular que representa al Partido Andalucista, Emilio Lechuga, subrayó ayer que esta actuación judicial es circunscribe a la esfera personal de López Martín, aunque es fruto del conjunto de diligencias practicadas por el juez en relación con el caso Juan Guerra.

Por otra parte, el juez decidirá hoy si incluye los delitos de prevaricación y cohecho en la querella presentada por Izquierda Unida, fundamentada inicialmente en la usurpación de funciones y falsedad de documentos. El juez ha citado a declarar hoy a José Luis Díaz, director de la compañía Seguros Santa Lucía.