Consenso educativo

"LA EXPERIENCIA comparada de los países más avanzados de nuestro entorno nos enseña que los cambios relevantes requieren amplios periodos de maduración y de consenso en la comunidad educativa y en el conjunto social". Esta cláusula pertenece a la exposición de motivos del proyecto (te Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), que el pasado jueves recibió el respaldo mayoritario de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso, con la excepción del Grupo Popular, que votó en contra.La expresión "y de consenso" no aparecía en la redacción inicial del proyecto de ley del Gobierno; fue incorporada precisamente a instancias del Grupo Popular, que había presentado una enmienda de adición en tal sentido, aprobada con un único voto en contra (probablemente debido al error de algún parlamentario despistado) por el Pleno de la Cámara. No deja de ser paradójico que el primer partido de la oposición, tras elevar la necesidad del consenso para la reforma educativa a la categoría de principio inspirador del proyecto de ley, se haya quedado fuera del acuerdo alcanzado entre los restantes grupos;,

Para llegar a un pacto de estas características -que se debe considerar englobado en el pacto de progreso imprescindible para el futuro de España dentro del entorno europeo- ha sido necesario que el Gobierno, primero, y el partido que lo sostiene, después, hayan cedido en cuestiones importantes del proyecto y no meramente formales.

De igual forma hay que resaltar la generosidad consensual de la mayor parte de los grupos de la oposición, que se han esforzado en alcanzar el entenduniento en un terreno esencial como es la educación. Toda actitud que se enmarque en el amplio campo de lo constitucional es respetable, pero con frecuencia la obcecación se convierte en la única guía. Esa constancia en la negación podría ser la explicación para la crítica global del PP. En todo caso, queda todavía el trámite del Senado, donde el principal partido de la oposición podría integrarse en el conveniente acuerdo general.

No deja de ser políticamente negativo que la norma básica que regulará la enseñanza en los próximos años -un ámbito que ha sido tradicional trinchera ideológica de la derecha y del que han surgido en el pasado riesgos para la convivencia- nazca con el rechazo total del grupo político opositor mayoritario. Al margen de descalificaciones generales sobre la nueva ley, cuesta trabajo creer que sean cuestiones relativas a la enseñanza, y no de otra índole, las que dificultan el consenso global en el Parlamento. Legislar sobre educación es, en definitiva, diseñar el futuro.

La ampliación de la escolaridad obligatoria hasta los 16 años; el tratamiento, por fin, plenamente educativo de la etapa preescolar; la profunda transformación de la formación profesional, con la incorporación de una etapa superior que tal vez llegue a convertir este nivel formativo tradicionalmente marginal y secundario del sistema educativo en una alternativa seria a la enseñanza universitaria, constituyen algunas piezas clave de la reforma que se contiene en la LOGSE. Pero convendría no perder de vista que la tan citada ley no es más, ni tampoco menos, que otra ley de Educación y que la capacidad de los textos legales, por perfectos que sean, para encarar la transformación de la realidad social suele ser nula si no son asumidos por la sociedad en su conjunto y, en concreto, por los agentes intermediarios que tienen la responsabilidad de su aplicación.

Desde este punto de vista, la principal tarea que ahora aguarda al ministro de Educación, tras convencer a la mayoría de las fuerzas políticas de los beneficios de gran parte de sus planteamientos acerca del nuevo sistema educativo, es la de lograr otro consenso sobre esas medidas con los protagonistas de cualquier cambio relacionado con la enseñanza: los profesores. No parece suficientemente claro que la LOGSE cuente con un decidido e inicial entusiasmo entre la clase docente.

En el debate del Congreso, el PP ha jugado de manera alarmista con la idea de que el profesorado como bloque no sólo no está a favor, sino que incluso está mayoritariamente en contra de la LOGSE. Aparte de estas exageraciones y los guiños a lo más impresentable de ciertos corporativismos, táctica oportunista y demagógica, el Gobierno debería considerar la necesidad de asegurarse la colaboración y aun el entusiasmo de los profesores. Cuestiones como la financiación de tan profunda renovación del panorama educativo, con ser de condicionante importancia, pueden llegar a ser secundarias si se consigue que la sociedad -docentes, discentes e instituciones democráticas- asuma el reto de actualizar la política educativa para encarar el siglo XXI con la racionalidad y preparación que exigen los tiempos.