División en Colombia por las nuevas medidas contra el terrorismo

El Gobierno colombiano, tras el atentado terrorista ocurrido el pasado jueves en Medellín, que dejó un saldo de 14 muertos, 32 heridos, 15 coches destruidos y pérdidas superiores a los 100 millones de pesetas, ha adoptado drásticas medidas de orden público. Éstas, sin embargo en lugar de traer calma, han creado nuevas tensiones en una sociedad que lucha contra un proceso de inacabable barbarie.

Las medidas más cuestionadas son dos: la que obliga a todos los cabezas de familia a registrarse ante la policía, y la que castiga con la cárcel a quien no colabore para impedir un delito. Es la primera vez que se establece en Colombia la inscripción de domicilio. El jefe de familia debe informar, en los próximos días, dónde vive, con quién, y dónde trabaja.Esta medida de guerra ha sido cuestionada por comentaristas y juristas que la consideran inconstitucional pues viola el derecho a la intimidad. Se considera inadecuada en momentos en que están siendo cuestionados algunos miembros de los organismos de seguridad. El otro decreto también ha sido señalado como inconstitucional. Es el Estado el que debe vigilar la seguridad de sus ciudadanos y no son ellos los que deben asumir este deber, dicen quienes cuestionan esta orden. Las nuevas disposiciones, que complementan y modifican el llamado estatuto de defensa a la democracia, contemplan además agravantes para los delitos de secuestro y homicidio. En ambos casos, las penas aumentan sillar de éstos, líder político o sindical, profesor universitario, periodista o miembros de las fuerzas militares o de la policía.