El alcalde pide la retirada de los pararrayos radiactivos

El alcalde de Madrid, Agustín Rodríguez Sahagún, ha instado al Ministerio de Industria y Energía para que retire los pararrayos radiactivos, cuyo número según las estimaciones municipales, puede aproximarse a los 10.000. Rodríguez Sahagún aseguró que, aunque Industria fijó en 1987 un plazo máximo de dos años para su eliminación, la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) no ha procedido a la retirada de estos aparatos."El Ayuntamiento ha recibido multitud de quejas de los vecinos de Madrid por la existencia de estos pararrayos. Sin embargo, Enresa no está retirando estos aparatos, quizá ante el problema de encontrar cementerios para guardarlos", manifestó Rodríguez Sahagún.

"No existe un censo, pero creemos que en Madrid puede haber cerca de 10.000 de estos pararrayos, y ello provoca una preocupación ante la contaminación radiactiva que se pueda producir", añadió el alcalde, que en marzo del año pasado, como portavoz del Centro Democrático y Social en el Congreso, ya dirigió varias preguntas al Gobierno interesado en conocer qué edificios de la administración tenían instalados por entonces pararrayos radiactivos.

Falta de censo

Según las estimaciones que hizo el Gobierno, en abril de 1988 existían en toda España uno 20.000 pararrayos radiactivos de los que hasta entonces habían sido localizados cerca de 12.000, aunque sólo se habían recibido 5.000 solicitudes de desmantelamiento. La Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza (Aedenat) calculó que podían ser 7.000 en Madrid y Enresa rebajó la cifra a 4.500 en toda la región. Ahora, el Ayuntamiento calcula que el número total de los aparatos radiactivos colocados en los tejados madrileños puede acercarse a los 10.000.En enero de 1989, Aedenat denunciaba la lentitud de Enresa para retirar estos pararrayos, fácilmente reconocibles por sus cabezales redondos incorporados a la punta.

La falta de un depósito para guardar los pararrayos ha sido, según parece, la principal causa de que el decreto de julio de 1986 -por el que se ordenaba la prohibición de instalar más aparatos y la retirada en el plazo de un año de los existentes- tuviera que ser prorrogado en 1987 por dos años más. En este último decreto se indicaba que los gastos de retirada de los cabezales correría por cuenta del Estado.