El PSOE y el CDS acuerdan reducir a la mitad el Iímite legal de gastos electorales

Dirigentes del PSOE y del CDS acordaron ayer la reducción en un 50% de los gastos electorales que actualmente permite la ley para paliar en parte el endeudamiento de los partidos. Éste es el primer acuerdo formal de las negociaciones de ambos partidos sobre la modificación de la Ley General Electoral, que terminará en una proposición de ley que quieren que esté elaborada el próximo mes de septiembre. La nueva ley será de aplicación para las próximas elecciones municipales de 1991. Todavía queda pendiente por negociar el envío por parte del Estado de las papeletas a los ciudadanos, así como un incremento de los espacios gratuitos en los medios de comunicación públicos de las distintas fuerzas políticas.

La proposición de ley que resulte después de estas modificaciones cambiará todo lo relativo a los gastos electorales, en particular los artículos de la ley General que regula la capacidad de gasto en elecciones municipales y legislativas. El artículo 193 dice lo siguiente: "Para las elecciones municipales el límite de los gastos electorales será el que resulte de multiplicar por 20 pesetas el número de habitantes correspondientes a la población de derecho de las circunscripciones donde presente sus candidaturas cada partido. En cada provincia, aquellos que concurran a las elecciones en al menos el 50% de sus municipios, podrán gastar, además, otros 20 millones por cada una de las provincias en las que cumplan la referida condición".Este artículo es prácticamente idéntico al referirse a las elecciones legislativas aunque sustituye municipios por provincias. El Ministerio de Economía y Hacienda, a través de una orden, fija las cantidades actualizadas que cada partido puede gastar en los cinco días siguientes a la convocatoria electoral.

Aunque el PSOE tiene la intención de negociar con todos los grupos políticos la modificación de la ley General Electoral, las conversaciones más efectivas se producen con el CDS de manera que ayer, después de varias reuniones, se llegó a un acuerdo definitivo en lo referente a la reducción de gastos electorales, según informaron portavoces de la negociación. El alivio de las deudas electorales que arrastran los partidos es el objetivo de fondo de esta reforma, a la que no es ajena la acusación de presunta corrupción de partidos para obtener Financiación.

La primera medida acordada ayer por responsables del PSOE y del CDS se traduce en la reducción al 50% del límite autorizado de los gastos que fija la ley General Electoral para las elecciones legislativas, municipales y europeas. En las autonómicas cada comunidad tiene su propia legislación.

Unos 3.000 millones el PSOE

Los partidos políticos reconocen que el endeudamiento al que se someten adquiere grandes proporciones ya que el gasto permitido supera en mucho a las subvenciones que posteriormente recibirán del Estado, incluso en el caso de que sus resultados sean buenos. Así se pone el ejemplo del PSOE que m unas elecciones legislativas tiene autorizado un gasto de años 3.000 millones de pesetas y en el supuesto de alcanzar la mayoría absoluta no recibiría del Estado más de 1.400 millones de pesetas.Otros asuntos de relevancia que están en la mesa de negociación, en la que participan entre otros Eduardo Martín Toval, Guillermo Galeote y Luis Pérez, por el PSOE, y José Ramón Caso, Alejandro Rebollo y Rafael Arias Salgado, por el CDS, quedaron ayer aparcados por falta de acuerdo. El primero es la busca de una fórmula que garantice los gastos de envío de papeletas a los ciudadanos por parte del Estado. Este criterio choca con el hecho de que con dinero público también tendría que subvensionarse las papeletas de candidaturas elaboradas a última hora sin ninguna posibilidad de obtener representación.

Otro aspecto a modificar en la ley es el acceso de los partidos a los medios públicos de comunicación, de manera que se acorte la distancia entre los partidos mayoritarios y minoritarios aunque la idea es que todos tengan derecho a más tiempo del que ahora disponen.

Asimismo se pretende dotar de más medios y más poderes a la Junta Electoral Central y unificar los recursos que se presenten concediendo al Tribunal Supremo la potestad de dirimir en última instancia los conflictos que se presenten.

Por último se dotará al Tribunal de Cuentas de los medios suficientes para que sea capaz de hacer el seguimiento de los gastos electorales de los partidos mientras se desarrolle la campaña. Hay acuerdo absoluto mientras se desarrolle la campaña. Hay acuerdo absoluto respecto a inhabilitar los meses de julio y agosto a efectos de celebración de elecciones.