La Comunidad se aleja de la democracia

Mientras Europa oriental evoluciona hacia la democracia, la Comunidad de Europa occidental continúa alejándose de ella. El Tratado de Roma y el Acta Unica han quitado gran cantidad de prerrogativas económicas y financieras ejercidas anteriormente por los Parlamentos nacionales. Sin embargo, éstas no han sido transferidas al Parlamento Europeo. Básicamente, son compartidas por la Comisión que propone y el Consejo de Ministros que decide. Entre los dos, los diputados de Estrasburgo tienen una pequeña posibilidad de rechazo o enmienda que no puede hacer fracasar la voluntad final del Consejo. De esta manera, los poderes ejercidos tradicionalmente por los elegidos del pueblo se encuentran, desde ahora, repartidos entre un organismo tecnocrático y una instancia diplomática. Esto constituye un retroceso importante de la democracia, que todo aumento de competencias de la Comunidad agravará necesariamente si sus instituciones no son profundamente modificadas. Mientras el Parlamento Europeo era el único en inquietar se por esta evolución, los Gobiernos de los Estados no le prestaban ninguna atención porque no podía causarles molestias. Comienzan a inquietar se desde que los diputados nacionales ven su poder legislativo cada vez más recortado por el Ejecutivo comunitario. De ahí las promesas de reducir el déficit democrático aprovechando el desarrollo de la unión política e incluso de la unión económica y monetaria: éstas exigen, de todos modos, una reforma de las instituciones que las haga más efectivas. De este modo, se reduciría a la vez el déficit en eficacia y el déficit en democracia. Pero ¿cómo tomar en serio estos compromisos cuando la propia elaboración de tales reformas, como todo el mundo lo percibe, da la espalda a la democracia? La Comunidad Europea se ha establecido y transformado hasta aquí por el precedimiento habitual, la conclusión de tratados. Después de negociaciones más o menos largas, los Gobiernos firman una convención internacional. Si es importante, los Parlamentos nacionales deben, a continuación, ratificarla de acuerdo con las reglas de sus constituciones respectivas. En tanto que estas últimas eran la única instancia surgida del voto de los ciudadanos, no se podía actuar de otra manera. Sin embargo, desde 1979, el Parlamento Europeo es elegido también por sufragio universal. Se quiera o no, los principios democráticos hacen de él, a partir de ahora, una de las dos instituciones que expresan la soberanía popular en la Comunidad, frente a la formada por los 12 parlamentos nacionales. Ambas son complementarias: la primera corresponde a la voluntad de unión de los pueblos de Europa, y la segunda expresa la diversidad de su historia, sus culturas y sus patriotismos.Eliminar su déficit democrático implica, en primer lugar, que las instituciones comunitarias sean reformadas con el acuerdo de estas dos expresiones de la soberanía popular. El Parlamento Europeo reclama un poder constituyente, y sus miembros italianos han recibido incluso un mandato a este respecto, a través de un referéndum realizado simultáneamente con su elección. Pero no pretende un monopolio en este terreno. En 1984, con el impulso de Altiero Spinelli, elaboró una Constitución completa, codificando los tratados anteriores y reformándolos con prudencia. Sin embargo, la votó bajo la reforma de un proyecto de tratado y sometido, por tanto, a una conferencia intergubernaniental para su adopción y a los Parlamentos nacionales para su ratificación. El Acta Unica se ha inspirado en ella, aunque de forma insuficiente.En ocasión de las nuevas reformas que deben iniciarse a finales de 1990 o comienzos de 1991, el Parlamento Europeo se ha comprometido en una estrategia más flexible y más compleja. Por un lado, participa en una preconferencía con la Comisión y el Consejo, con el fin de examinar los proyectos sometidos a la conferencia o conferencias intergubernamentales. El cambio de opinión es importante, no sólo por la posición que reconoce a los diputados comunitarios, sino también porque así pueden plantear a sus interlocutores lo esencial de las reformas indispensables para reducir el déficit democrático: que el Parlamento disponga de un poder de iníciativa igual al de la Comisión, de un poder de investidura del presidente de ésta y de un poder de codecisión legislativa con el Consejo.

Además, el Parlamento Europeo ha imaginado una forma de colaboración original, que abriría a los Parlamentos nacionales la posibilidad de participar en las reformas de la Comunidad no sólo después, por la ratificación, sino también durante la elaboración. En unión con el Senado y la Cámara de Diputados de Italia -país que entonces presidirá el Consejo-, va a invitar a los 12 Parlamentos nacionales a enviar representantes que se unirán a los suyos en una especie de Estados Generales, previstos en Roma para octubre próximo. Una asamblea de este tipo Podría sugerir modificaciones a los anteproyectos preparados por el Parlamento Europeo, o por los Parlamentos nacionales, y discutir, en general, sobre todos los problemas relativos a la evolución de la Comunidad. Sin poderes jurídicos, ella dispondría de una autoridad política indiscutible. Sus debates conducirían al Parlamento Europeo a una segunda lectura de su proyectos constitucionales.

Si la conferencia intergubernamental sobre la unión monetaria se prolonga mucho, si es sobrepasada por una conferencia sobre la unión política, es posible vislumbrar que estos Estados Generales celebren otras sesiones, dado que algunos países prevén una profunda reforma de las instituciones. Ninguna Constitución democrática ha sido jamás elaborada por gobernantes; los elegidos del pueblo se limitan a ratificarla o a rechazarla en bloque. El hecho de que el Parlamento Europeo haya quedado fuera para su elaboración, o limitado a discusiones de pocas horas entre algunos de sus miembros y el Consejo y la Comisión, nos haría retroceder más de un siglo en la historia de la democracia en Europa. Los Gobiernos de los Doce terminarán dándose cuenta.