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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Un serio aviso

EL EJERCICIO abusivo del derecho de huelga, al que tan dados son determinados sindicatos gremialistas instalados en el sector de los servicios públicos, ha encontrado la horma de su zapato en la resolución dictada por el juez de lo Social número 12 de Madrid sobre el conflicto convocado por el sindicato de maquinistas de Renfe (SEMAF) en las pasadas Navidades. El magistrado ha considerado abusiva e ¡lícita esta huelga y ha condenado al sindicato a indemnizar a la empresa con 50 millones de pesetas.La sentencia no es todavía firme, puesto que puede ser recurrida en una instancia superior, pero aun así merece ya una reflexión. Cualquier limitación de un derecho fundamental -y el de huelga lo es- por parte de los poderes públicos debe ser acogida con alarma. Y desde esta perspectiva, la inquietud que ha producido en los sindicatos la resolución judicial está justificada. Pero harían mal si sólo se lamentan del fallo y no reflexionan sobre los hechos que lo han provocado. La huelga convocada por el SEMAF en las pasadas Navidades, al margen de la negociación del convenio colectivo y motivada por la pretensión de modificar a posteriori algunos de los aspectos ya pactados, tiene todos los ingredientes del abuso y deberían ser los propios trabajadores quienes se opusieran a un tipo de sindicalismo corporativista e insolidario.

Los sindicatos mayoritarios han mostrado preocupación ante unos excesos que, básicamente, sirven para potenciar las tendencias latentes en amplios sectores de la sociedad en favor de una regulación del derecho de huelga. Pese a todo, se echa en falta un serio debate sobre la forma en que puede hacerse compatible el derecho de huelga de los trabajadores y el deber de solidaridad con las clases populares, usuarias mayoritarias de los servicios públicos. Si los sindicatos y los trabajadores se muestran incapaces de arbitrar fórmulas de equilibrio, otros lo harán en su lugar. La decisión judicial es un aviso de lo que puede ocurrir si persisten los abusos del derecho de huelga -recurso extremo en la tradición del sindicalismo responsable- y si los ciudadanos siguen sin merecer otra consideración que la de rehenes en determinadas estrategias sindicales.

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