España maltrata a los inmigrantes pobres, según un estudio de la CE

Un informe elaborado por encargo de la Comisión Europea afirma que más de la mitad de los 778.334 extranjeros que viven en España, y principalmente los de países pobres, están discriminados económicamente y sometidos a "artículos restrictivos de la ley de extranjería". Un 38% del total son ilegales, sin papeles. Las estadísticas oficiales, señala el informe de la CE, maquillan estos datos para ocultar las deportaciones. En este sentido, la diputada de Izquierda Unida (IU) Cristina Almeida anunció ayer que su grupo ha pedido la comparecencia de cuatro ministros para buscar soluciones a estas personas.

El informe sobre la emigración en España hace constar que la Comisaría General de Documentación explicó que no facilitaba los datos de arrestos, expulsiones, deportaciones y estimación de inmigrados ilegales porque Ia difusión de tales informaciones podría provocar problemas diplomáticos y de prestigio en la opinión pública".Los inmigrados entran en España como turistas y luego, de forma legal o ilegal, se quedan, según el informe financiado por la Comisión Europea y coordinado por el Instituto de Investigación del Desarrollo y de Planificación Económica y Social (Isoplan), de Saarbrücken (RFA).

España figura entre los países cuya "política es exclusivamente de emigración", ya que no ha previsto jamás el fenómeno contrario. El resultado es la marginación. "El 38% vive al día, y el 18%, en condiciones de extrema pobreza", indica el estudio. Las tres cuartas partes de los encuestados confiesan haber sufrido "momentos de miseria económica".

Los ilegales suman 294.000, un 38% del total de los 778.000 extranjeros, pero ese porcentaje sube al 62% si se toma en cuenta el grupo mayoritario de los que proceden de países subdesarrollados. Sólo la cuarta parte de un colectivo que, excluida la inmigración de primera clase, ronda las 525.000 personas tiene un trabajo regular.

También el defensor del pueblo, Álvaro Gil-Robles, registró el pasado año un incremento del número de quejas formuladas por extranjeros sometidos a arbitrariedades, particularmente en materia de expulsiones. Esta memoria de agravios incluye puntos muy diversos: notables retrasos y trabas para la concesión o renovación de permisos de residencia y de la condición de asilado o refugiado, así como la proliferación de expulsiones en las que no se admiten alegaciones.

Precisamente, la policía de Barcelona tiene previsto expulsar en los próximos días a medio centenar de marroquíes detenidos en Vic, en aplicación de la ley de extranjería. Estas personas fueron detenidas el jueves en la citada localidad barcelonesa, acusadas de residir y trabajar ilegalmente en las empresas textiles de la firma Puigneró. Este mismo empresario ya fue sancionado con 148 millones de pesetas.

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