El Defensor del Pueblo denuncia frecuentes violaciones de los derechos de los extranjeros

El defensor del pueblo, Alvaro Gil-Robles, registró en 1989 un incremento del número de quejas formuladas por extranjeros sometidos a arbitrariedades, particularmente en materia de expulsiones. Este memorial de agravios incluye puntos muy diversos: notables retrasos y trabas para la concesión o renovación de permisos de residencia y de la condición de asilado o refugiado, así como la proliferación de expulsiones en las que no se admiten alegaciones.

El informe del Defensor de 1989 señala que "los problemas detectados en años anteriores, en cuanto a los retrasos existentes en la concesión y renovación de los correspondientes permisos de trabajo y residencia se siguen manteniendo, con los inevitables pejuicios que esta situación causa a estas personas debido a la inseguridad jurídica en la que se encuentran". De añadidura, "no siempre se verifican las situaciones reales de los solicitantes en cuanto a medios lícitos de vida, arraigo en nuestro país, situaciones familiares, etcétera, lo que origina que con cierto automatismo se retrase el trámite de expedición o incluso se puede llegar a denegar estos permisos".Algunos extranjeros manifiestan que las autoridades entregan los permisos solicitados pocos meses antes de la caducidad de los mismos". El Defensor ha advertido "resistencia por parte de los funcionarios de fronteras" a permitir la entrada en España de personas avaladas por familiares y con billete de ida y vuelta, pero sin recursos propios. Esta institución censura las "amplias facultades discrecionales" de que gozan los funcionarios para determinar si el extranjero, sin la cuantía de dinero exigida legalmente, tiene o no cobertura económica.

El Defensor del Pueblo apunta que se utiliza con excesiva frecuencia la expulsión sin considerar que existen otras posibles sanciones. Los denunciantes se quejan de que no se toman en consideración sus alegaciones para evitar tan extrema medida.

La descoordinación entre los servicios de documentación d-. los distintos gobiernos civiles es patente, según el informe. Se dari casos de expulsiones de extranjeros pese a que se encontraba tra mitando los correspondientes permisos de residencia.

El Defensor del Pueblo también recrimina que las autoridades policiales en algunos casos no comunican a la inspección de trabajo las contrataciones irregulares de extranjeros, con lo que sólo se sanciona al empleado, vía expulsión, pero no al empresario. Este documento refleja la "excesiva frecuencia" con que los funcionarios someten a detención y posterior internamiento a los extranjeros sometidos a expediente de expulsión. El informe señala que los funcionarios policiales no informan suficientemente al juez de las medidas que justifican el internamiento de un extranjero lo que provoca que, en ocasiones, tras documentarse debida, mente, aquél revoque su orden.

La Memoria advierte sobre los riesgos de expulsar al peticionario de asilo a su país de origen donde el afectado alega sufrir persecución, y cita ejemplos de ello, como el de un iraní.