El Gobierno negocia con la oposición una rebaja de los gastos electorales
El Gobierno ha iniciado una negociación con los principales grupos parlamentarios de la oposición para disminuir los gastos electorales de los partidos y, en particular, rebajar el máximo permitido por la Ley Electoral General. El descenso de cinco pesetas en la cifra permitida de gasto por habitante, equiparándola a la propuesta realizada en el Parlamento vasco por la ponencia que prepara la ley de elecciones para esta comunidad autónoma (35 pesetas por habitante), reduciría en unos 150 millones de pesetas el desembolso permitido a cada partido de implantación estatal en las elecciones.
Aunque el diálogo no ha hecho más que comenzar, el ministro para las Relaciones con las Cortes, Virgillo Zapatero, se ha comprometido a "estudiar fórmulas imaginativas" que reduzcan los gastos de los partidos en las campañas electorales. Varios grupos de la oposición, entre ellos Convergéncia i Unió (CiU), el Centro Democrático y Social (CDS), el Partido Nacionalista Vasco (PNV) e Izquierda Unida (IU) -este último todavía no consultado por el Gobierno- proponen que la Administración subvencione el envío al domicilio de los electores de los sobres con las papeletas de voto.El Gobierno ha intensificado en los últimos días las conversaciones con los portavoces de los grupos parlamentarios para intentar buscar soluciones a los "problemas de la sociedad" y poner fin a lo que, desde instancias gubernamentales, se consideran polémicas sobre "problemas de los políticos". Este diálogo incluye como interlocutor al Partido Popular (PP), que ha restablecido casi todas las vías de comunicación con el Gobierno.
Por el momento, tanto el PP como CiU, CDS, PNV e IU están de acuerdo en negociar una reducción de los gastos de los partidos en las campañas electorales. Una medida con la que pretenden reducir las tentaciones, que ninguno reconoce como propias, de acudir a métodos irregulares para captar fondos con los que financiar la actividad política.
Centristas y nacionalistas vascos y catalanes han propuesto ya al Gobierno que la Junta Electoral Central asuma el envío al domicilio de los electores de los sobres con las papeletas de voto, o bien que esta actividad sea realizada por empresas privadas contratadas por los partidos y posteriormente la Administración pague a éstos el coste del envío postal. Esta fórmula acaba de ser aprobada por la ponencia del Parlamento vasco que elabora el proyecto de ley que regulará las elecciones para esta Cámara autonómica.
Televisión
Convergencia i Unió ha solicitado, asimismo, un aumento de los espacios gratuitos de publicidad electoral en los medios de comunicación públicos con el argumento de que la difusión de los mensajes por televisión hace menos necesario el empleo de otros recursos muy costosos.Todos los grupos consultados están de acuerdo en reformar la ley electoral para reducir el tope de gastos electorales permitido a cada partido. El artículo 175 de esta ley establece como límite "el que resulte de multiplicar por 40 pesetas el número de habitantes correspondientes a la población ( ... ) de las circunscripciones donde presente sus candidaturas cada partido" más 20 millones de pesetas por cada una de dichas circunscripciones.
Los principales grupos de la oposición están, asimismo, de acuerdo en actualizar la subvención estatal por votos y escaños obtenidos.
En cambio, tanto el PSOE como la oposición descartan incrementar más allá de la subida del índice de precios al consumo la financiación directa a los partidos políticos.
