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Solchaga pretende pactar deducciones en rentas del trabajo a cambio del acuerdo sobre competitividad

El Ministerio de Economía y Hacienda está dispuesto a reducir la recaudación por el impuesto sobre la renta, tras la reforma del IRPF en marcha, si se alcanza un pacto que reduzca la presión fiscal de las rentas más bajas. El debate fiscal en la segunda fase de la concertación formaría parte, desde el punto de vista de la Administración, de las reformas estructurales que deben acompañar al pacto sobre reparto de productividad que el Gobierno quiere alcanzar con los partidos políticos y las fuerzas sociales. La oferta sobre la reforma del IRPF que van a recibir los sindicatos contempla la implantación de mayores deducciones sobre las rentas del trabajo, junto con la garantía de una menor presión fiscal para los ingresos más bajos.

El ministro de Economía, Carlos Solchaga, es favorable a que el mejor trato fiscal de las rentas de capital -al que obliga "la línea seguida por los países europeos"- tenga como contrapartida un trato más favorable a las rentas del trabajo, aún al coste de reducir la recaudación tributaria por el impuesto sobre la renta. "Podríamos pactar", aseguró Solchaga a EL PAÍS, "que, tras la reforma, la distribución de la carga fiscal sea relativamente equilibrada. Para ello se podrían arbitrar deducciones en las rentas del trabajo al tiempo que algún procedimiento que asegure que la carga fiscal de las rentas bajas no sea elevada".El inconveniente, a juicio del titular de Economía, que tiene el asegurar una disminución de la carga fiscal para las capas más bajas "es que hay profesionales y empresarios que declaran rentas muy reducidas, equiparables con las de los trabajadores menos especializados". Como solución, Hacienda va a acompañar la reforma de "una reestructuración muy seria de todo el sistema de declaración del IRPF en estos colectivos".

El nuevo impuesto sobre la renta obligará, en la práctica, a profesionales y pequeños empresarios a realizar su declaración de renta por un sistema de Estimación Objetiva más detallado que el actual y que diferenciará los porcentajes a cargar en renta según los sectores de actividad. A juicio de Solchaga, "se trata de arbitrar un sistema de estimación objetiva más exigente que el actual, basado en parámetros relevantes, y, paralelamente, colocar a todo este colectivo en ese sistema a menos que solicite expresamente la declaración individual por estimación directa".

El problema que presentan las estimaciones directas para Hacienda es que se "inflan los gastos necesarios de la actividad hasta dejar unos ingresos netos muy reducidos". Con la nueva ley, los empresarios que opten por la estimación directa soportarán "una mayor vigilancia y más complejos procedimientos, que animen al pequeño y mediano empresario a decantarse por la estimación objetiva".

El trato fiscal favorable tanto a rentas del capital como del trabajo reducirá, inevitablemente, la recaudación por el impuesto sobre la renta. A cambio, reconoció Solchaga, "habrá que aumentar otros impuestos, sin olvidar que estamos obligados a aumentar la fiscalidad indirecta, incluso a través de directivas comunitarias". Ese aumento responderá tanto a la elevación de los tipos del IVA como a la mejora de la gestión y la inspección de este impuesto.

"Pacto de progreso"

La oferta de un mejor trato fiscal para las rentas del trabajo forma parte del paquete que se negociará en la segunda fase de concertación, que empieza el próximo jueves. La idea del Gobierno, a pesar del rechazo inicial de los sindicatos, es alcanzar un pacto global de reparto de productividad, que inicialmente se bautizó como pacto de competitividad y ahora Solchaga quiere redefinir como "pacto de progreso".

Este posible pacto de reparto de productividad no empezará a negociarse con los grupos parlamentarios antes del otoño ya que Í "antes requiere un proceso de discusión de la situación política española, de los efectos del mercado único y las reformas estructurales necesarias". A pesar del rechazo inicial de las fuerzas sociales, el titular de Economía reiterará, durante la segunda fase, que los trabajadores tienen bastante que ganar con un acuerdo de este tipo y que el Gobierno no está intentando en ningún caso mejorar aún más la situación de rentabilidad de las empresas.

"No creemos que sea necesario reforzar la situación económica de las empresas", aseguró Solchaga. "Su nivel de beneficios es suficiente, y de ellas depende el mantener y mejorar su competitividad de cara al exterior. Por tanto, no hay que reducir los salarios reales de los trabajadores, sino pactar salarios nominales más bajos que permitan una inflación también menor".

En opinión del ministro, "tras dos años de desacuerdo con las políticas de fijación de salarios hay cierto recelo, comprensible, respecto a un tipo de acuerdos que lleven a un determinado aumento de los salarios. Pero si se ofrecen garantías suficientes de que los salarios reales van a crecer de acuerdo con la productividad no veo por qué se va a estar en contra de unos precios y salarios monetarios más bajos".

Las mejoras de poder adquisitivo serían mayores, a su juicio, tras el pacto, ya que "ahora se. obtienen menores aumentos de salarios reales". Como ejemplo, Solchaga recordó que este ejercicio propusieron mejoras de los salarios monetarios del entorno del 7%, con las que habría sido posible "terminar el año con una inflación entre el 5,7% y el 6%". Y añadió que "aparentemente, los salarios están creciendo algo más del 8%, con lo que, previsiblemente, la inflación será un poco más alta".

El pacto de progreso que el Gobierno volverá a ofrecer a las centrales en la segunda fase contemplaría, además del acuerdo sobre el reparto de las ganancias de productividad, una serie de políticas sectoriales. "El pacto no se concentrará exclusivamente en los salarios, si es eso lo que preocupa a los sindicatos. Al mismo tiempo hay que tratar políticas sectoriales". En concreto, señaló, "está en marcha la. reforma fiscal, hay que abordar la mejora del sistema de formación profesional, es necesario modernizar el sistema de comercialización al por menor, que tiende a exagerar las tendencias inflacionistas, y reforzar también el control del gasto público".

La modernización de la industria de comercialización soportará como primeras medidas las previstas en la reforma del IRPF. Los negativos efectos sobre el empleo que puede tener esa modernización fueron minimizados por Solchaga, para quien "si acaso disminuirá el número de los componentes del grupo social de los pequeños comerciantes".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 25 de mayo de 1990

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