Un paso atrás

A PARTIR de la unanimidad que se manifestó entre los partidos políticos franceses para condenar las profanaciones de tumbas y otros actos de antisemitismo, el Gobierno de Rocard ha intentado poner en pie una política de consenso sobre el problema candente de la inmigración. Francia cuenta con unos cinco millones de extranjeros; de ellos, un millón clandestinos. El Frente Nacional, de Le Pen, concentra su actividad en fomentar el odio contra los extranjeros. Y en la medida en que las otras fuerzas políticas no dan respuesta a los problemas reales que plantea la inmigración, la demagogia racista de Le Pen avanza.En su esfuerzo por aislar el racismo y por abordar el problema de la inmigración con criterios amplios, no sujetos a los vaivenes electorales, Rocard ha propuesto unas soluciones de sentido común en las que se propugna, al lado de una limitación estricta de las nuevas llegadas, medidas para acelerar la integración social de los inmigrados residentes. Ello supone sobre todo inversiones serias en viviendas, educación, cultura y sanidad.

Pero, a la vez, Rocard ha renunciado a una propuesta que desempeñó un papel esencial en la política socialista en este campo: el derecho de voto en las elecciones municipales a los extranjeros con una residencia ya estable. Este retroceso ha causado una reacción airada en amplios sectores del partido socialista, que consideran, no sin razón, que es una concesión a la derecha, la cual a su vez está condicionada por la presión racista de Le Pen. Ese derecho de voto existe en varios países, como Holanda y Suecia. Negarlo es una injusticia hacia poblaciones que pagan impuestos y desempeñan un papel esencial en barriadas o pueblos. Equivale a privar a la integración del mejor instrumento para que sea efectiva: el uso eficaz de la democracia.