Los promotores inmobiliarios tienen sus dudas del Plan 18.000

La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) manifestó a través de su portavoz, José Luis Martín Blanco, sus dudas respecto a la viabilidad del Plan 18.000 del Ayuntamiento de Madrid y a la cantidad final de pisos que se construirán y el tiempo que tardarán en hacerlo."El plan se presentó en 1988, se aprobó precipitadamente en junio de 1989 y se adjudicará en septiembre de 1990 y en ese plazo de tiempo nosotros ya habríamos hecho las viviendas", explicó Martín Blanco. Y añadió que no son 18.000 las viviendas que se ofrecen en la práctica "por estar asentadas sobre suelo que en parte todavía está ocupado y en parte no ordenado", que no existe compromiso sobre el precio desde el principio "y si se pasan del precio pierden las ventajas fiscales".

También las inmobiliarias

Los promotores inmobiliarios de Madrid quieren reiniciar la construcción de viviendas de protección oficial desde la iniciativa privada, ya que su actividad en este terreno es casi nula en la actualidad, como solución al problema de la vivienda.Las razones que argumentan para comenzar a construir viviendas sociales, después de abandonar esta práctica hace unos años, son dos. La primera es la rentabilidad que supone, pues, según manifestaron ayer en rueda de prensa los directivos de Asprima, "las viviendas sociales representan entre el 40% y el 50% de la demanda", y la segunda es la vocación social del sector. A través de su portavoz, José Luis Martín Blanco, denunciaron la existencia de una campaña de desprestigio del sector inmobiliario fomentada por la Administración.

Entre los problemas que encuentran a la hora de poner en práctica sus proyectos destaca por su importancia la escasez de suelo urbano disponible y el alto precio del que aún queda libre.

La asociación ha pedido que se califique suelo abundante y que se realicen las necesarias obras de infraestructura de transportes que hagan posible que la gente viva fuera de la ciudad, con lo cual se podría disponer "del suelo que no utilizan los agricultores, ganaderos y cazadores, de los terrenos que no quiere nadie y podrían servir para viviendas". "El plan Felipe no nos parece suficiente", declaró Martín Blanco.

También solicitaron que el Gobierno retire del Senado el proyecto de ley de Régimen Urbanístico o se modifique sustancialmente por afectar a competencias autonómicas y por considerar que puede ser anticonstitucional al atentar al derecho a la propiedad y el sistema de economía de libre mercado. También han planteado a los responsables del Ministerio de Economía y Hacienda la necesidad de estimular fiscalmente la vivienda en alquiler y de arbitrar productos financieros de bajo coste para la adquisición de la primera vivienda.