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Cierre de la primera fase de la concertación social

Las centrales controlarán cinco millones de contratos y tendrán notificación sobre los de alta dirección

El control sindical de la contratación afectará de inmediato -la ley se quiere aprobar antes del verano- a cinco millones de contratos que son los que ahora se deben hacer por escrito según el Estatuto de los Trabajadores -En cuanto a las relaciones laborales que no tienen ese requisito legal, los sindicatos reclamaran en la negociación colectiva que se formalicen por escrito para que también queden sujetos a control. La única excepción fijada en el proyecto de ley pactado definitivamente ayer por UGT, CC OO y los ministros de Economía y Trabajo son los contratos de alta dirección sobre los que se establece el deber de notificar a la representación legal de los trabajadores el número de los que se realizan en cada empresa.El Gobierno enviará de inmediato al Parlamento el anteproyecto de ley sobre derechos de información de los representantes de los trabajadores en materia de contratación, cuyo texto quedó cerrado ayer tras cuatro días de discusiones entre los negociadores de la Administración y de los sindicatos. El propósito del Ejecutivo es que la ley esté aprobada antes del verano ya que se trata de un texto breve con un artículo único.

El nuevo redactado, que ya no ofrece ningún margen de duda a las centrales, establece que "el empresario deberá entregar a la representación legal de los trabajadores una copia básica de todos los contratos que deban realizarse por escrito, a excepción de los contratos de relación laboral especial de alta dirección sobre los que se establece el deber de notificación a la representación legal de los trabajadores".

Los contratos que deben realizarse por escrito según el Estatuto de los Trabajadores son los temporales, por obra o servicio superiores a cuatro semanas, de interinidad, de formación, en prácticas, a tiempo parcial, de relevo, para el lanzamiento de nueva actividad, temporal a domicilio, eventuales, indefinidos con incentivos o periodo de prueba y las relaciones especiales que lo han previsto en sus normas reguladoras, como los de minusválidos, deportistas y artistas.

Ambito de aplicación

El ministro de Trabajo, Luis Martínez Noval, especificó que el ámbito de aplicación del control sindical "alcanza a todos los contratos temporales, los fijos discontinuos, los indefinidos que tengan pactado un periodo de prueba o estén sujetos a incentivos o bonificaciones y aquellos que se exija cumplimentarlos por escrito a través de la negociación colectiva". Según sus datos, está afectado el 97% de los que se registran cada año en el Instituto Nacional de Empleo (Inem). La interpretación que hacen los sindicatos es la misma y sus cifras indican que la ley se aplicará en cuanto entre en vigor a cinco millones de contratos que se realizan cada año y en el futuro a todos aquellos que así se establezca en los convenios colectivos.La copia básica de los contratos, cuyo contenido se cerró el pasado viernes, se entregará por el empresario, en un plazo no superior a diez días desde la formalización del contrato, a los representantes de los trabajadores, quienes la firmarán a efectos de acreditar que se ha producido la notificación. Posteriormente dicha copia básica se enviará a la Oficina de Empleo. Una modificación importante introducida ahora respecto al inicial texto del Gobierno indica que "cuando no exista representación legal de los trabajadores, también deberá formalizarse copia básica y remitirse a la Oficina de Empleo".Toda esa información en poder de las oficinas de empleo estará a disposición de las comisiones provinciales de seguimiento de la contratación que se van a crear como órganos de participación institucional con la misma composición que las comisiones ejecutivas provinciales del Inem y presididas por el director provincial de Trabajo o la persona en que éste delegue. En consecuencia, formarán parte de ellas la Administración y las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.

Lucha contra el fraude

Martínez Noval, y los dirigentes de UGT y CC OO, Apolinar Rodríguez y Agustín Moreno, aseguran que con este proyecto se incrementa el derecho de información y se permite una lucha eficaz contra el fraude en la contratación. Moreno apostilló que no van a ser "capaces de sacar una ley tan importante antes del tercer milenio".Con el pacto alcanzado ayer, sindicatos y Gobierno dan por cerrada la primera fase de la concertación y están dispuestos a abrir una segunda etapa. Para ello se producirá una reunión, prevista para la semana próxima, entre los ministros de Economía y Trabajo y los líderes de UGT y CC OO, Nicolás Redondo y Antonio Gutiérrez, en la que se fijará el calendario y las distintas mesas de negociación.

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