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Editorial:

Racismo a la española

ESPAÑA ES muchas veces un país de teóricos que se satisfacen con la norma y la idea, pero que se consideran eximidos de su práctica. Estamos ufanos de no ser racistas, porque realmente tenemos pocas ocasiones de serlo, y cuando algún hecho nos demuestra lo contrario buscamos subterfugios para culpar a otros. Una noticia de TVE-1 mostraba el descubrimiento de un grupo de negros apiñados en unos escasos metros cuadrados de vivienda. El texto subrayaba la condición de "pensión clandestina", de "entrada ilegal", "trabajo sin permiso oficial" y "explotación por los patronos de esta mano de obra" con sueldos muy bajos. La consecuencia será el cierre de la pensión y la expulsión a sus países de origen de estos trabajadores. La nueva dureza para las concesiones de entrada en España, los permisos de residencia y la imposibilidad práctica de la concesión de permisos de trabajo de peonaje no sólo se practica con las personas de raza negra; también con musulmanes del norte de África y con ciudadanos hispanoamericanos. País que ha sido, tantas veces en su historia, de exiliados no acepta fácilmente ser tlerra de exilio para aquellos que proceden del mundo de lo imposible. Hay noticias de que va a ser peor en el futuro en una España que tiene que ser una de las guardianas de las fronteras de la Comunidad Europea, que quiere librarse de los problemas de la inmigración. Otros países la reciben en virtud de tratados o concesiones procedentes de la liquidación de imperios, de la Commonwealth o de la francofonía, y otros la mantienen desde los tiempos en que les era necesaria una mano de obra barata que sus enriquecidos ciudadanos no querían practicar: España dio obreros para esas necesidades. Existe el miedo de una Europa de color como consecuencia de la baja continua del nivel de vida y del alza de la demografía en los países que fueron del Tercer Mundo, y la esperanza de sustituirlos por blancos de la Europa del Este -la misma civilización, religión, cultura; una buena disciplina de 40 años y, desde luego, probadamente contrarrevolucionarios-, y España acepta remitir sus poblaciones de color y aumentar las vigilancias. En toda esta situación se mezclan subproductos policiales: importadores de drogas, delincuentes comunes; y prostitutas y proxenetas, los que ya no tienen nada que vender más que su propio cuerpo. La ilegalidad los impulsa al delito, que justifica la ilegalidad.Naturalmente, a todo esto no lo llamamos racismo. Ni tenemos aquí neonazis, ni gentuza como Le Pen, que hagan doctrina de ello. Si los tenemos, se limitan a algunas pintadas; cuando han querido votos han sido barridos. Pero se puede uno preguntar si los que los barrieron a votazo limpio no son los mismos que se quedan tranquilos con la teoría de que no somos racistas mientras se encarcela, deporta, explota o persigue a estas razas: son ellas las que no tienen razón en venir. Ni siquiera somos racistas con los gitanos. Simplemente, comprendemos que tienen otras costumbres, otros sistemas de vida, y deben vivir alejados de nosotros y de los colegios de nuestros hijos. En descampado. Si no, se les puede quemar las casas; pero nunca por racismo, sino por cuestiones de higiene y, en todo caso, de defensa propia. Estos arreglos mentales son los mismos que las poblaciones oponen a las construcciones próximas de cárceles, de centros de tratamientos de adicción a las drogas o del sida, que sin duda desean que existan pero lejos.

Casi es más honesta la declaración de racismo. Por lo menos se sabe a qué atenerse y contra qué hay que luchar. Pero la declaración tan española de "haz lo que digo, pero no hagas lo que yo hago" tiene una larga historia y no ha sido erradicada. Ni el pensamiento ni las leyes oficiales la desmienten. Sólo que a la ley de extranjería no hay que llamarla xenofobia. Cuestiones de lenguaje.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 22 de mayo de 1990